El término vulnerable es utilizado por las Naciones Unidas para referirse a las personas que por su condición social, económica, cultural o psicológica, sufren maltratos en detrimento de sus derechos humanos. En ello influye, entre otros factores, su edad, sexo, estado civil y origen étnico, colocándole así en la imposibilidad de incorporarse plenamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) entran en esa situación de vulnerabilidad cuando se ven obligados a asumir su propio cuidado y protección, lo que permite que en situaciones de emergencias y crisis resulten ser los más afectados.
Antes de COVID-19, nuestro país ya enfrentaba grandes desafíos para garantizar y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, sin embargo, la crisis actual ha venido no solo a evidenciar los grandes desafíos existentes en este importante sector de la población, sino que, además, corremos el riesgo de que durante y después de la misma se incurra en una nueva violación de sus derechos.
En primer lugar, es preciso resaltar que en términos de alimentación, los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 2013), indican que en nuestro país la desnutrición infantil crónica, especialmente en los niños más pobres, es de un 12%; además, el sobrepeso y la obesidad, factores también asociados a la alimentación de baja calidad, afecta el 33% de niños con edad escolar, lo que significa que miles de NNA no reciben una alimentación adecuada.
Ante el panorama actual a raíz del Coronavirus, los niños de los sectores sociales más vulnerables, son los que cuentan con menos acceso a alimentación saludable y en muchos casos, a ningún alimento, lo que posibilita el aumento de los niveles de desnutrición y los factores derivados de esa condición, tales como retardo del crecimiento, disminución de las capacidades mentales y bajo rendimiento escolar, una vez pase la crisis.
Los NNA más vulnerables tienen mayor posibilidad de morir por falta de atención médica, por no disponer de medicamentos para suplir sus necesidades básicas de salud y por no tener acceso a una alimentación digna.
Además de nuestro enemigo invisible, la población infantil presenta otros tipos de enfermedades crónicas y de especial cuidado, que requieren de atención constante, medicamentos y supervisión permanente, tales como el cáncer, el VIH SIDA y la hipertensión, entre otras.
En referencia al derecho a la educación, según el Boletín Estadístico del Ministerio de Educación 2017-2018, el Sistema Educativo, público y privado, cuenta con una matrícula de 2,689,190 estudiantes que a raíz de la pandemia permanecen en sus hogares; sin embargo, los niños que asisten a la escuela pública han resultado ser más afectados para dar continuidad al último ciclo del año escolar vigente, ya que tienen menos acceso al uso de la tecnología y plataformas educativas en línea, en desventaja y con relación a los estudiantes que asisten a colegios privados, lo que facilita el aumento de la brecha de desigualdad y pobreza.
Al permanecer todos los miembros del hogar en casa, sumado a la incertidumbre generada por las informaciones sobre la pandemia, es posible que se incrementen los niveles de estrés y violencia en el hogar, situación que expone la salud mental de toda la familia, especialmente la infancia.
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A pesar de las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno, es penoso observar la presencia de niños en las calles sin a protección necesaria, exponiéndose no solo a contraer el Coronavirus, sino también a los abusos y peligros habituales a su condición de desprotección.
La crisis provocada por el Coronavirus puede generar grandes retrocesos en protección de la niñez dominicana, si esta población no es tomada en cuenta con medidas de protección integrales que garanticen su bienestar emocional, físico y espiritual, podríamos incrementar los indicadores de mortalidad infantil, desnutrición, incremento de caso de deterioro de la salud mental, abandono escolar, retorno al trabajo infantil y violaciones de todo tipo.
En este contexto es importante resaltar el artículo 56 de la Constitución de la Republica, el cual establece la prevalencia del “interés superior del niño” ante cualquier situación de emergencia y vulnerabilidad.
El Estado Dominicano tiene la responsabilidad ineludible de garantizar los derechos integrales de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en tiempo de crisis, aunque también es importante el papel que juegan las familias velando por la salud y el bienestar de sus hijos.
Julissa Ureña – Julissa.urenas@gmail.com
