“La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad.” Liu Xiaobo
La libertad de expresión resulta un factor importante en el desarrollo democrático de un Estado y constituye dar certidumbre a una sociedad, pues en la medida en que se ejercite este derecho, también se proporciona información.
Por otro lado, implica afectar las dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión que maneja tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus criterios jurisprudenciales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues la censura, ocultamiento o manipulación de la información va en menoscabo del derecho a la libertad de expresión individual y por ende de quienes haciendo de este derecho su profesión, la ejercitan, es decir, de los periodistas.
Por otro lado, se ve afectada la dimensión social, pues implica también un derecho colectivo a recibir información.
En el caso mexicano, al respecto acontece un fenómeno muy singular, toda vez que a pesar de que se han expedido una serie de disposiciones jurídicas que permiten dar seguimiento a los delitos cometidos en contra de quienes pretenden ejercer la libertad de expresión; de que igualmente, se han signado una serie de instrumentos internacionales que van en la misma línea y que juntos conforman el marco jurídico en la materia.
Y de contar con autoridades y mecanismos que buscan la protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión, la afectación a este derecho, visto desde el punto de vista profesional y a decir de los analistas y de las diversas organizaciones en la materia, para el caso de México, se considera extremadamente crítico, de acuerdo a las estadísticas internacionales, México en los últimos años se ubica como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo
Condición que hace a este sector encargado de ejercer esta profesión, se le identifique como un grupo vulnerable alto a aquellos que realizan, coberturas o investigaciones relacionadas con la corrupción, nota roja, en donde se encuentran autoridades involucradas de los tres órdenes de gobierno y militares, así como, hechos relacionados con el crimen organizado por lo que toda vez que resultan riesgoso.
Lo anterior, coloca a los periodistas en escenarios de amenaza constante aún y cuando existe legislación, autoridades y mecanismos cuya finalidad es la protección de éstos en el ejercicio de su profesión, mismo que se le debe dar protección a periodistas tanto a nivel federal como local, los instrumentos internacionales en la materia y de los cuales nuestro país es parte.
Así como los mecanismos que el Estado ofrece para su protección, los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales tienen un rol importante en la tarea de prevenir, evitar y sancionar la violencia contra periodistas y a los medios de comunicación que deben de proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos a periodistas, en México además de los asesinatos, continúan las agresiones contra periodistas y medios sobre todo en los estados con fuerte presencia del narcotráfico
Como podemos ver los casos contra la prensa es evidente la falta de respuestas de protección del Estado, en otro enfoque hay un alarmante aumento de actos de violencia contra las periodistas mujeres casos que van desde el hostigamiento y acoso sexual hasta desprestigio en las redes sociales, así como la censura, restricciones, presiones y amenazas contra los medios comunicación, sus dueños o sus periodistas tampoco cesan en Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y México, lamentablemente seguimos teniendo las mismas coincidencias.
Asesinatos de periodistas, impunidad, amenazas, represiones, restricciones, leyes que atentan contra la privacidad, control de redes sociales, presiones contra los medios y sus periodistas por parte del gobierno, políticos, narcotraficantes y otros delincuentes organizados, límites para el acceso a la información pública y leyes electorales perjudiciales para la democracia por parte del listado de los atropellos que se cometen en todos esos países.
México deberá tomar las medidas necesarias para proteger debidamente la labor de los periodistas y detener el derramamiento de sangre al que están sometidos estos profesionales, el gobierno deberá asignar los recursos y el personal necesario, para el debido funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y evitar que en nuestro país continúe el incremento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Al menos 133 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México, 15 de ellos bajo el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició su mandato en diciembre de 2018. La mayoría de los casos quedan impunes.
Que constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada, por otro lado, nos encontramos alarmados por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas por lo que se hace un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada.
En cuanto al procedimiento que se activa para solicitar la protección ante un riesgo inminente que atente contra la integridad tanto física como material del periodista, se encontró que, el procedimiento que se rige en la Ley aplicable para toda la República, se replica en las leyes de carácter local, con la salvedad de los plazos establecidos para la implementación y aplicación de las medidas, con relación a la percepción de quienes han solicitado la protección del mecanismo y quienes señalan que éste no es eficaz dado que los procedimientos sufren demoras largas sobre todo en la etapa del análisis de riesgo.
En México las personas están en riesgo, proteger a las personas pone en peligro a los protectores y visibilizar el dolor de unos y el trabajo de los otros es una apuesta de vida o muerte para quién da cara y voz al sufrimiento.
Esta es la crisis de los derechos humanos y de su defensa, es también, la crisis que enfrenta el periodismo de seguridad pública y justicia penal en nuestro país.
Cuando hay que proteger a las víctimas, proteger a los protectores y proteger a los reporteros que visibilizan la tragedia pareciera que no hay nada más que desamparo.
“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres.” Suetonio
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, del Estado de Guerrero, México
