El reconocido jurista Carlos Balcácer ha expresado su preocupación por la forma en que las medidas de coerción están siendo utilizadas en República Dominicana, afirmando que han perdido su propósito original y están provocando una sobrepoblación en las cárceles.
Balcácer hizo estas declaraciones al recibir un reconocimiento especial durante un taller sobre prevención de lavado de activos, organizado por el Colegio de Abogados.
Según Balcácer, el Ministerio Público ha instrumentalizado las medidas de coerción y las ha llevado a un punto en el que se desnaturalizan en los casos en los que se solicita su aplicación sin una verdadera necesidad. El jurista explicó que el legislador justifica la imposición de estas medidas en función del peligro de obstrucción de la investigación, el riesgo de reincidencia delictiva y el peligro de fuga. Sin embargo, señaló que en los delitos de cuello blanco o corrupción, estas medidas no ayudan al Ministerio Público a probar los casos ni a prevenir la fuga de los acusados.
Balcácer afirmó que el discurso predictivo del Ministerio Público sobre posibles fugas no ha dado resultados, ya que en todos los casos de acusados de corrupción, estos se encuentran en libertad y no ha habido reincidencia en la comisión de delitos ni obstrucción de las investigaciones. Además, destacó que la posibilidad de fuga está relacionada con el nivel cultural del imputado y que las tecnologías actuales, como los pasaportes biométricos, hacen difícil eludir los controles en los aeropuertos.
El jurista enfatizó que las medidas de coerción son aconsejables en casos de delitos como homicidios agravados, drogas, incesto o violencia de género, donde existe un mayor riesgo de fuga, pero no son adecuadas para delitos de cuello blanco. Además, cuestionó cómo es posible que un juez de instrucción pueda prever una sentencia condenatoria al inicio de un proceso investigativo, cuando aún falta mucho tiempo para su conclusión.
Balcácer concluyó señalando que esta desnaturalización de las medidas de coerción obedece a la instrumentalización de la justicia, que busca perjudicar a las personas y disminuir su estatus. Instó al Ministerio Público a reflexionar sobre la generalización del uso de estas medidas, ya que está contribuyendo al abarrotamiento de las cárceles en el país.
Las declaraciones de Carlos Balcácer han generado un debate en el ámbito jurídico del país, poniendo de manifiesto la necesidad de revisar y ajustar el uso de las medidas de coerción para garantizar un sistema de justicia más equitativo y eficiente.
