La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD) y el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana han expresado su profunda preocupación ante el aumento de amenazas de muerte e intimidaciones en medio de conflictos entre ciudadanos que se han registrado en el país en los últimos tiempos.
Los representantes de estas entidades consideran que esta situación, que perturba la convivencia pacífica, es aún más alarmante debido a que la República Dominicana es un Estado de Derecho comprometido con la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la legalidad.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, ha expresado su consternación ante el hecho de que ciudadanos estén utilizando las redes sociales para difundir videos amenazantes de muerte hacia otras personas. Esto ha sido evidente en casos como las presuntas amenazas del empresario Micky López hacia comunicadores que habrían emitido comentarios sobre su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien enfrenta acusaciones de lavado de activos por una suma considerable.
Por su parte, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, ha señalado que el Código Penal Dominicano se encuentra desactualizado, lo que dificulta la aplicación de sanciones efectivas y la definición precisa de las amenazas de muerte en el contexto actual, especialmente en el ámbito de las redes sociales.
«Los artículos 305 y 308 tipifican la amenaza de muerte como un delito menor. Debemos actualizar nuestra legislación para que refleje la realidad actual, considerando las redes sociales, donde a menudo vemos comportamientos inconsistentes que no necesariamente se ajustan a la tipificación penal de la amenaza», expresó Potentini.
Otra amenaza que ha generado preocupación es la proveniente de Ricardo Antonio Pellerano, socio gerente de la firma de abogados Pellerano y Herrera, hacia su propio hermano, Luis Rafael. Manuel María Mercedes, abogado y presidente de la CNDH-RD, considera que este conflicto debe ser dirimido a través del sistema judicial.
«Este es un asunto entre dos hermanos y las autoridades no han intervenido. Si hubiera una respuesta por parte de las autoridades competentes, es posible que este tipo de situaciones no se producirían», afirmó Mercedes.
Alexis Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, también espera que se encuentre una solución al conflicto que ha surgido en la firma de abogados mencionada.
«Lamentamos mucho esta situación y esperamos que este conflicto entre hermanos pueda llegar a una resolución pacífica», manifestó el legislador.
El jurista Máximo Calzado, presidente de la Fundación de Derecho Administrativo, ha indicado que Ricardo Antonio Pellerano habría adquirido la firma de abogados fundada por su padre de manera irregular. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad legal del país.
Calzado resaltó que en 2021 se desestimó una querella presentada por Ricardo Antonio contra su hermano Luis Rafael en la Fiscalía del Colegio de Abogados debido a la falta de fundamentos.
En relación a este caso en particular, Potentini lamentó la situación, ya que involucra a una firma de abogados de renombre. Aunque considera que se trata de un asunto familiar que debe resolverse entre los involucrados, espera que se encuentre una solución adecuada.
Estas organizaciones están instando a un enfoque de resolución pacífica y legal para abordar estos conflictos, asegurando el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en República Dominicana.
