Los presidentes de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, y del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), pastor Feliciano Lacen, elogian positivamente el decreto 581-23 emitido por el presidente Luis Abinader, que establece un fideicomiso público para salvar los terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Ambos líderes destacaron la favorable intervención de una Comisión Revisora que realizó un análisis exhaustivo sobre el estado de esos terrenos, concluyendo que un fideicomiso público es la solución idónea para proteger el patrimonio del Estado y asegurar una administración transparente y eficaz.
De la Rosa Tiburcio elogió la creación del consejo técnico del fideicomiso público denominado «Fondo de Desarrollo de Infraestructura», compuesto por funcionarios de los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía. Señaló que esta composición garantiza beneficios continuos para el Estado.
El presidente de ADOCCO resaltó: «Qué bien que se haya constituido un fideicomiso público para garantizar la preservación de ese patrimonio y, sobre todo, poder obtener beneficios que hasta el momento no se han tenido con los terrenos del CEA».
Por su parte, el pastor Feliciano Lacen, presidente del CODUE, demostró que este fideicomiso público resuelve problemas históricos y sistémicos, contribuyendo a modernizar y organizar el Estado dominicano.
Lacen expresó su satisfacción por la composición del consejo técnico del fideicomiso, integrado por representantes del Estado dominicano, generando confianza en la gestión transparente y eficaz de los activos.
Ambos líderes coincidieron en que este paso es significativo para el país, destacando la importancia de beneficiar a la colectividad y velar por el bienestar de la mayoría.
Finalmente, felicitaron el trabajo realizado por la Comisión Revisora, destacando su recomendación de crear un fideicomiso público para una administración eficaz y transparente de los activos del CEA.
La Comisión Revisora, creada en junio del 2023, realizó un análisis ponderado sobre los contratos de venta de terrenos del CEA y recomendó la creación del fideicomiso público para salvaguardar esos activos.
