Santo Domingo, RD. – Decenas de abogados se congregaron este lunes frente a la construcción inconclusa del Palacio de Justicia en Santo Domingo Este, ubicado en la avenida Sabana Larga, para exigir la culminación de las obras que comenzaron en 2013. Los profesionales del derecho denuncian las condiciones precarias en las que actualmente fiscales, jueces, abogados y ciudadanos se ven obligados a desempeñar sus funciones judiciales, resaltando la falta de un espacio digno para ejercer la justicia.
Fernando Ramírez Corporán, uno de los abogados presentes en la protesta, calificó como “penosas” las condiciones en las que el sector judicial debe trabajar actualmente. «Es inhumano cómo debemos operar bajo condiciones tan adversas. Trabajamos en furgones, bajo el calor y, muchas veces, mojados por la lluvia. Es hora de que nuestro sector sea valorado y dignificado», denunció Ramírez.
Una construcción marcada por retrasos
La obra fue planificada hace más de una década, tras la donación de los terrenos en 2012 durante la gestión del expresidente Leonel Fernández. El primer picazo formal se realizó en 2015, con la presencia de destacadas figuras como el exalcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, y la magistrada Miriam Germán Brito. Desde entonces, la construcción ha enfrentado múltiples retrasos y reprogramaciones en su fecha de entrega.
El abogado Ramírez Corporán recordó que, a pesar de las promesas de finalización, el edificio sigue sin estar terminado. En 2023, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, había asegurado que la obra estaría lista para el primer trimestre de 2024, un plazo que no se cumplió. Más recientemente, en junio de este año, Ascención declaró que el Palacio de Justicia se encuentra en un 85% de su construcción, pero no ofreció una nueva fecha de finalización.
Calamidades en los tribunales provisionales
Los abogados también denunciaron que, debido a la falta de un edificio adecuado, se ven obligados a trabajar en instalaciones improvisadas. Muchos tribunales civiles y cortes de apelación están alojados en locales alquilados que, según Ramírez, «no cumplen con los estándares para ofrecer un servicio judicial de calidad». Además, señaló el desperdicio de recursos que implica el continuo pago de rentas por estos locales temporales.
«Estamos hablando de sumas millonarias que se destinan al alquiler de espacios que no están aptos para el tipo de servicio que requieren nuestros tribunales. Es un abuso que debe parar», enfatizó el abogado, al tiempo que hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en la situación y agilice la culminación del Palacio de Justicia.
Una obra esperada para Santo Domingo Este**
El nuevo Palacio de Justicia promete ser una infraestructura de gran envergadura, con una inversión estimada de 4 mil millones de pesos. El proyecto contempla la construcción de 20 salas de audiencia y 400 parqueos, que beneficiarían a miles de ciudadanos de Santo Domingo Este y Norte, quienes actualmente dependen de instalaciones judiciales dispersas y temporales. Se espera que la obra no solo alivie las dificultades operativas del sistema judicial, sino que también brinde un entorno adecuado para la administración de justicia en una de las áreas más densamente pobladas del país.
El llamado a la acción
Con los continuos retrasos en la construcción del Palacio de Justicia, la comunidad jurídica de Santo Domingo Este se encuentra en una situación cada vez más insostenible. A pesar de las reiteradas promesas de las autoridades, la culminación de esta obra sigue siendo incierta. Los abogados, jueces y fiscales, así como los ciudadanos que dependen del sistema judicial, piden una solución inmediata y definitiva que permita garantizar la dignidad y funcionalidad del sistema judicial en la región.
“El presidente Abinader debe tomar cartas en el asunto y poner fin a esta situación. No podemos seguir trabajando en condiciones tan precarias”, concluyó Ramírez Corporán, reflejando el sentir de muchos de sus colegas.
