Santo Domingo, R.D. — La comunidad venezolana en República Dominicana ha hecho un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader, solicitando que se detenga el pago de una deuda de 350 millones de dólares que se debe al régimen de Nicolás Maduro. En lugar de destinar estos recursos al gobierno venezolano, los migrantes piden que el dinero sea utilizado para desarrollar programas sociales que beneficien a las familias venezolanas, muchas de las cuales viven en condiciones precarias en el país caribeño.
José Alberto Pérez, presidente de la Mancomunidad Dominico-Venezolana y del Movimiento de Venezolanos Viviendo en RD, lidera la iniciativa. Pérez argumenta que la mayoría de los venezolanos en el país enfrentan serios desafíos debido a su estatus migratorio, y carecen de acceso a servicios esenciales como seguro médico y oportunidades laborales estables. En declaraciones a la prensa, destacó la urgencia de atender las necesidades básicas de estas personas, muchas de las cuales están constituyendo familias en suelo dominicano.
“En República Dominicana hay aproximadamente 50,000 venezolanos, entre ellos familias constituidas por venezolanos y dominicanos, incluidos niños y ancianos. Estos recursos bien podrían ser utilizados para mejorar su calidad de vida, ofreciendo acceso a servicios de salud y regularización migratoria,” subrayó Pérez.
La propuesta de Pérez también contempla el uso de los fondos para facilitar a los migrantes venezolanos el acceso a programas de emprendimiento, viviendas dignas y otros servicios esenciales que les permitan integrarse de manera más efectiva a la sociedad dominicana.
Preocupaciones sobre el destino del dinero
Uno de los argumentos centrales de la comunidad venezolana en esta solicitud es el temor de que, si se realiza el pago de la deuda, los fondos acaben en manos del régimen de Maduro y Diosdado Cabello, quienes —según sostienen— seguirán utilizando esos recursos para oprimir al pueblo venezolano. Pérez afirma que desviar estos fondos hacia programas sociales en beneficio de los migrantes sería una medida más justa y ética, considerando las penurias que miles de venezolanos enfrentan dentro y fuera de su país.
“Estamos hablando de recursos que, de pagarse, fortalecerían un gobierno que sigue sumiendo a Venezuela en una crisis humanitaria. En lugar de eso, esos 350 millones podrían hacer una gran diferencia aquí, para las familias venezolanas que han tenido que emigrar forzosamente”, enfatizó Pérez.
Apoyo y próxima estrategia
La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, incluidas iglesias, entidades comunitarias, sindicatos y defensores de derechos humanos, que coinciden en que los recursos deben ser utilizados para apoyar a los migrantes venezolanos en su proceso de adaptación y desarrollo en República Dominicana.
Según informó Pérez, ya se ha enviado una carta al presidente Abinader y al Congreso Nacional para formalizar esta petición. La esperanza de la comunidad es que ambas cámaras legislativas estudien una propuesta que permita redirigir los fondos hacia programas que faciliten la integración de los venezolanos en el país.
Antecedentes de la deuda
La deuda en cuestión se deriva de la compra de petróleo que República Dominicana realizó bajo el esquema de Petrocaribe, un acuerdo que facilitaba la adquisición de crudo venezolano a varios países del Caribe y América Latina con condiciones de financiamiento preferenciales. Sin embargo, en los últimos años, las tensiones diplomáticas y la creciente crisis en Venezuela han complicado el cumplimiento de estos acuerdos, lo que ha llevado al régimen de Maduro a presionar por el pago de las deudas pendientes.
Impacto regional
La propuesta de la comunidad venezolana en República Dominicana también sugiere que otros países con deudas similares adopten una postura similar. «Si otros gobiernos destinan estos fondos para sus comunidades de venezolanos emigrados, se estaría dando un mensaje contundente al régimen de Maduro», declaró Pérez.
Con esta solicitud, los venezolanos en República Dominicana buscan no solo mejorar su calidad de vida, sino también enviar un mensaje político firme, promoviendo el uso ético y responsable de los recursos en un contexto de crisis humanitaria y migratoria.
