Santo Domingo, 21 de abril de 2025. En respuesta a la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo cobró vidas y dejó múltiples familias en situación de vulnerabilidad, el gobierno dominicano ha puesto en marcha un protocolo de intervención sociofamiliar para ofrecer atención integral a los afectados.
La iniciativa, articulada a través de una comisión interinstitucional multidisciplinaria, tiene como objetivo brindar apoyo psicológico, emocional, legal y económico a las víctimas y sus familiares. La acción está liderada por el programa gubernamental Supérate, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Diagnóstico inicial y primeras acciones
Gracias al levantamiento de datos realizado por SIUBEN, se identificaron como principales necesidades la atención emocional, apoyo económico, cuidados personales, representación legal y garantías de protección oficial para menores de edad. Este análisis se convirtió en el punto de partida para diseñar las acciones que ya están en ejecución.
“Este protocolo parte de un esfuerzo conjunto basado en evidencia. Cada institución aporta su experiencia para que las familias afectadas no enfrenten solas las secuelas de esta tragedia”, expresó Gloria Reyes, directora general de Supérate, durante un encuentro con la prensa.
Además de la atención a menores, también se han detectado solicitudes de apoyo por parte de adultos mayores, personas con discapacidad y madres dependientes de víctimas fatales.
Atención emocional y protección infantil
Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud Pública, junto al Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), ha desplegado un equipo de psicólogos y terapeutas para ofrecer atención emocional a los núcleos familiares intervenidos.
En paralelo, CONANI ha activado un protocolo de atención para menores de edad afectados directa o indirectamente por el evento. Esta institución realiza evaluaciones individuales, canaliza los casos de trauma severo a centros especializados y garantiza el acompañamiento continuo a los niños y adolescentes en situación de riesgo.
Activación del Bono de Emergencia
Una de las medidas económicas más relevantes anunciadas es la activación del Bono de Emergencia, instruido por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de mitigar los impactos financieros derivados del accidente. Este subsidio, gestionado por Supérate, será entregado durante un período de seis meses a familias previamente evaluadas.
“Más de 200 hogares serán valorados, priorizando aquellos con niños huérfanos, adultos mayores, personas con lesiones permanentes y dependientes económicos de empleados fallecidos”, explicó Reyes. El monto mensual estimado para cada familia es de 30 mil pesos dominicanos.
Operativo de campo: atención directa a las familias
Hasta la fecha, 15 grupos de trabajo conformados por tres miembros cada uno han visitado 82 familias, distribuidas en localidades como el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia. Esta semana se proyecta alcanzar a 28 nuevos hogares. Los equipos interinstitucionales brindan asistencia médica, psicológica, social y económica, de forma personalizada y directa.
El informe preliminar sugiere que los hogares intervenidos presentan altos niveles de fragilidad social, lo que refuerza la necesidad de que este protocolo no sea un esfuerzo puntual, sino un modelo replicable para futuras emergencias.
El despliegue de este protocolo de intervención sociofamiliar marca un paso significativo en la gestión integral de crisis humanas en República Dominicana. El enfoque interinstitucional y la atención a múltiples dimensiones del daño —emocional, económico, legal y comunitario— representan una nueva forma de entender la responsabilidad del Estado frente a eventos trágicos que sacuden a la sociedad.
Con esta iniciativa, el gobierno no solo responde a una emergencia, sino que sienta las bases para una política pública más humana, empática y estructurada ante el dolor colectivo.
