La Junta Central Electoral busca reforzar la credibilidad del proceso democrático con nuevas reglas para encuestas políticas, mientras partidos y firmas encuestadoras evalúan el alcance de la propuesta.
En un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la transparencia en el proceso electoral, la Junta Central Electoral (JCE) presentó un proyecto de reglamento destinado a regular de manera rigurosa la realización y publicación de encuestas con fines electorales en República Dominicana.
Aunque aún se encuentra en fase de propuesta, la normativa ha generado expectativas y reacciones entre partidos políticos, firmas encuestadoras y analistas, en un contexto donde la opinión pública —y la manipulación de la misma— juega un papel clave en los comicios.
Registro obligatorio y filtros técnicos
El reglamento plantea que solo podrán realizar encuestas aquellas empresas debidamente registradas y habilitadas por la JCE, conforme al artículo 214 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (No. 20-23). Para obtener dicha habilitación, las firmas deberán depositar una serie de documentos, como estatutos sociales, nómina de directivos y accionistas, experiencia técnica, y filiales internacionales, si las tuviesen.
Además, deberán especificar el ámbito geográfico de sus estudios —nacional, provincial o municipal—. Este expediente será evaluado por la Dirección Nacional de Elecciones, que tendrá 15 días laborables para emitir un informe técnico al Pleno de la JCE, el cual dispondrá de otros 15 días para aprobar o rechazar la solicitud.
Las firmas aprobadas recibirán un número de registro único y deberán actualizar su expediente anualmente. En caso contrario, perderán automáticamente la autorización para operar.
Publicación con rigor y sin improvisaciones
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el control sobre la publicación de encuestas. El reglamento exige que cada estudio revele información detallada como: la firma responsable, la entidad que encargó el sondeo, la metodología empleada, tamaño de la muestra, margen de error, preguntas íntegras, número de no respuestas, y tipo de entrevista.
Asimismo, se limitará el uso de encuestas telefónicas y se excluyen las realizadas por redes sociales, medios de comunicación y plataformas digitales, por no cumplir con los estándares de representatividad establecidos.
Toda encuesta publicada deberá incluir una leyenda con el número de registro de la firma y la fecha de su última actualización en el sistema de la JCE.
Supervisión técnica sin control de resultados
En el caso de las encuestas utilizadas por los partidos políticos para seleccionar precandidaturas o candidaturas, el reglamento establece que estas deberán realizarse bajo la supervisión técnica de la JCE, a través de sus direcciones de Partidos Políticos e Inspectoría. Sin embargo, el órgano electoral aclara que no tendrá la facultad de validar ni invalidar resultados.
La supervisión se limitará a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos por la ley, garantizando que los militantes y ciudadanos tengan acceso a información verificada.
Hacia un sistema más confiable
Esta propuesta representa un intento por contrarrestar la proliferación de encuestas sin respaldo técnico, usadas con fines propagandísticos o para manipular la percepción pública. El reglamento también busca evitar el uso de encuestas falsas en redes sociales, una práctica cada vez más común en campañas políticas modernas.
De ser aprobado, el reglamento marcaría un hito en la profesionalización y fiscalización del trabajo encuestador en el país, elevando el estándar de transparencia y reduciendo los márgenes para la desinformación electoral.
Próximos pasos
La JCE otorgó a los partidos y agrupaciones políticas plazo hasta el 30 de mayo a las 4:00 de la tarde para presentar observaciones y sugerencias al proyecto. Se espera que el debate entre actores políticos, sociedad civil y el propio órgano electoral contribuya a una versión final más robusta y consensuada.
