Sigue privado de libertad mientras su defensa sostiene que actuó ante una amenaza armada dentro de su hogar
— Con 24 años, sin antecedentes penales y padre de familia, Ricardo Sosa permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo desde noviembre de 2025, tras un hecho ocurrido en su residencia que, según consta en el expediente del Ministerio Público, presenta elementos compatibles con legítima defensa.
La noche del 7 de noviembre de 2025, Sosa llegó al apartamento que comparte con su pareja, Rosalía Guzmán, y la hija de ambos, en el sector Ciudad Satélite, municipio Pedro Brand. De acuerdo con el expediente, al ingresar encontró en el interior de la vivienda a Joel Roa Alcántara, coronel militar de 45 años, quien presuntamente intentó extraer su arma de fuego reglamentaria. El arma se habría encasquillado sin lograr disparar.
Según la versión presentada en el proceso, Sosa, desarmado, reaccionó en medio de un forcejeo. El apartamento contaba con un ventanal de cristal sin protección de hierro, por el cual el coronel cayó desde un segundo nivel. Posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas.
Sosa resultó con heridas graves en las manos producto de los cristales rotos. Tras el hecho, no abandonó el lugar de manera definitiva ni intentó ocultarse. Según el expediente, dejó a su hija bajo el cuidado de una vecina y acudió a un centro de salud para recibir atención médica, donde fue detenido.
Elementos del expediente
Familiares del joven sostienen que lleva cinco meses en prisión preventiva, pese a no tener antecedentes penales. Hasta el momento, según se indica, ningún familiar del fallecido se ha constituido en parte querellante dentro del proceso.
Asimismo, una evaluación psicológica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) señala que Rosalía Guzmán “omitió información relevante” durante su entrevista y que solo se identificó violencia verbal, sin evidencias de violencia física, económica o sexual atribuible a Sosa.
El informe también establece que el imputado no porta armas de fuego, no consume sustancias ni ingiere alcohol.
“Ricardo Sosa no es un criminal. Es un joven padre que enfrentó una amenaza armada dentro de su propio hogar. El expediente demuestra que fue el occiso quien portaba el arma e inició la agresión. Estamos ante un caso claro de legítima defensa y así lo probaremos en los tribunales”, expresó el abogado Werlin Mercedes, representante de la firma Bello & Asociados.
En espera de decisión judicial
El caso continúa en etapa judicial mientras la defensa insiste en que los hechos ocurrieron en un contexto de reacción inmediata ante una amenaza armada dentro del domicilio.
Cinco meses después del suceso, Sosa permanece en prisión preventiva, a la espera de que los tribunales determinen si actuó en legítima defensa o si existen elementos que sustenten una acusación penal distinta.
