Especialistas advierten que la legislación podría aumentar la judicialización de procedimientos quirúrgicos y fomentar la medicina defensiva
-La entrada en vigor de la Ley 74-25 que establece el nuevo Código Penal dominicano ha generado preocupación en el sector médico, particularmente entre los cirujanos, quienes advierten que algunas disposiciones podrían impactar significativamente el ejercicio de la profesión.
El doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos y aspirante a presidir la entidad para el período 2026-2028, expresó inquietud por las implicaciones que tendría la ampliación de la figura del homicidio involuntario y el endurecimiento de las sanciones relacionadas con presunta negligencia médica.
Según explicó, la legislación no establece diferencias suficientemente claras entre una conducta negligente y las complicaciones inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, lo que podría generar incertidumbre jurídica para los profesionales de la salud.
“Una cosa es una negligencia deliberada o una actuación irresponsable, y otra muy distinta es una complicación médica que ocurre pese a que el profesional actuó correctamente y siguiendo los protocolos establecidos”, afirmó Restituyo.
El especialista recordó que la práctica quirúrgica conlleva riesgos inevitables, incluso cuando se cumplen estrictamente los estándares científicos y médicos. En muchos casos, factores como la condición previa del paciente, emergencias médicas o limitaciones operativas pueden influir en los resultados de una intervención.
Temor a la medicina defensiva
Restituyo advirtió que la aplicación de la normativa sin aclaraciones específicas podría incentivar la llamada medicina defensiva, una práctica mediante la cual los médicos evitan atender casos complejos o de alto riesgo por temor a enfrentar procesos judiciales.
A su juicio, esta situación podría afectar especialmente áreas críticas como cirugía general, traumatología, anestesiología y ginecobstetricia, especialidades esenciales para el funcionamiento del sistema de salud nacional.
El dirigente gremial también señaló que la falta de una delimitación precisa entre error médico, complicación clínica y conducta criminal podría provocar investigaciones penales en casos donde los profesionales actuaron conforme a los protocolos establecidos.
Llamado al diálogo
Ante este escenario, sectores médicos consideran necesario abrir espacios de diálogo para garantizar que la legislación proteja los derechos de los pacientes sin generar inseguridad jurídica para quienes ejercen la medicina.
Los especialistas entienden que cualquier regulación debe lograr un equilibrio entre la responsabilidad profesional y el reconocimiento de los riesgos inherentes a la práctica médica, evitando que el temor a sanciones afecte la atención y disponibilidad de servicios especializados en el país.