Advierten que el cobro por facturación bruta amenaza más de 12,000 empleos
Una coalición de gremios turísticos dominicanos solicitó una mesa técnica con el Gobierno para corregir las distorsiones de la Ley 225-20. Aseguran que cobrar el impuesto de residuos sólidos sobre ingresos brutos ahoga a las pequeñas empresas.
Las pequeñas y medianas empresas que sostienen la operación diaria del turismo dominicano están al límite. Una alianza de agencias de viajes, turoperadores y organizadores de eventos advirtió que la forma en que se aplica el impuesto a los residuos sólidos (Ley 225-20) amenaza con asfixiar sus finanzas y desencadenar un colapso en los servicios logísticos que reciben los visitantes en el país.
El problema de raíz, según explicaron los líderes de los principales gremios sectoriales, no es el compromiso con el medio ambiente, sino una clasificación fiscal errónea. El Estado actual de las recaudaciones los mide por su facturación bruta, ignorando que estas estructuras operan puramente como intermediarias de cadenas de hoteles, líneas aéreas y transportistas.
«Somos intermediarios, somos comisionistas y necesitamos que se nos reconozca como tal», puntualizó el vocero Vladimir Negro. Detalló que una MIPYME turística puede terminar pagando hasta 600,000 pesos al año calculados sobre un dinero que no es su ganancia, ya que sus márgenes reales de beneficio apenas oscilan entre un 5% y un 20%. «Incluso estando la empresa en pérdida, tiene que pagar este impuesto», argumentó.
A esta presión se suma el efecto de cobro múltiple en la cadena de valor, donde un mismo servicio turístico paga la tasa varias veces a medida que pasa de la agencia de viajes al mayorista, y de este al operador receptivo. De acuerdo con Carla Alonso, presidenta de Adavit, la situación pone en jaque a unas 1,500 agencias legales que sostienen entre 12,000 y 15,000 empleos directos, un renglón donde más del 70% de la fuerza laboral son mujeres.
Por su parte, Elizabeth Tovar, representante del sector de congresos y eventos, alertó sobre las consecuencias de no corregir esta distorsión frente a las recientes reformas que golpean el flujo de caja de las pymes. «Si tú acabas con las pymes que dan el soporte operativo, terminamos teniendo un caos turístico porque no vamos a poder dar servicio ni crear nuevas experiencias en los destinos», advirtió.
Ante este panorama, los gremios —donde también participan activamente Opetur y Asoture— exigieron la apertura urgente de una mesa técnica con el Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio, y la DGII. De igual forma, reclamaron cuentas claras, señalando que la contribución se cobra desde el año 2021 sin que hasta la fecha el país conozca con claridad el destino o el uso de esos fondos recaudados.