El objetivo inicial de este protocolo es establecer pautas y procedimientos para perfeccionar las capacidades, mejorar y unificar las prácticas de investigación técnico-científica de los feminicidios, para obtener la mayor eficacia posible de las investigaciones y evitar por todos los medios la falta de voluntad y los prejuicios que conducen a la impunidad, mediante la obtención de pruebas sólidas que den consistencia a fallos judiciales.
El mismo está orientado a proporcionar a las autoridades judiciales dominicanas las líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación y el procesamiento penal de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El Protocolo para la Investigación Criminal de Feminicidio en la República Dominicana fue elaborado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Operadores de Seguridad del Sistema de Justicia Penal en República Dominicana, suscrito entre la Cooperación Española, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.
A través de las pautas contenidas en el Protocolo se pretende promover la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de los operadores del sistema de Justicia.
El conocimiento de las actuales prácticas de investigación de los feminicidios pone de manifiesto deficiencias importantes que perjudican el objetivo de la investigación eficaz.
Entre las múltiples deficiencias podemos señalar las siguientes:
1. Ausencia de la toma en consideración adecuada del contexto de las estructuras sociales de violencia, en el que se produjeron los hechos.
2. Inexistencia de un registro de estadísticas e indicadores de feminicidio estandarizados.
3. Carencia de legislación y justicia especializada en feminicidio.
4. Mitos y estereotipos de la sociedad (costumbres, tradiciones culturales, religiosas).
5. Carencia de alertas tempranas y respuesta inmediata y coordinada, desde el primer momento de la desaparición de las víctimas y posterior investigación de los hechos.
6. Falta de asistencia legal gratuita y asistencia jurídica insuficiente para víctimas y familiares.
7. Falta valoración y gestión del riesgo en los sobrevivientes de feminicidio.
8. Priorización de los valores del grupo familiar y del mantenimiento de su cohesión sobre los derechos de las mujeres.
9. Interpretación y aplicación sexista y patriarcal de las normas legales, que conducen a la eliminación o a la disminución de la responsabilidad penal de los agresores.
10. Presencia de estereotipos y prejuicios de género en los operadores del sistema de justicia.
11. Ausencia o ineficacia de garantías eficaces de protección de testigos, víctimas sobrevivientes, familiares u otras personas vinculadas con la investigación.
12. Prácticas de revictimización de las supervivientes y de los familiares de las víctimas, incluyendo fenómenos de revictimización post mortem.
13. Malas prácticas que impiden el logro de la exhaustividad en la recolección de las prueba y conllevan una valoración arbitraria, parcial o segmentada de la prueba.
14. Deficiencias en los procedimientos científicos de investigación desde las primeras actuaciones en el lugar de hechos, autopsias, recolección y envío de muestras a laboratorios para estudios complementarios, en la interpretación de resultados y la elaboración de los informes periciales.
