La seguridad jurídica constituye un factor determinante para preservar e incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED), y debe garantizarse con fines de mantener el crecimiento interanual, que el año pasado marcó la cifra récord de USD$4,010.4 millones, según el Banco Central de la República Dominicana.
La observación fue hecha por la abogada Wallys Pons, ex presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual y especialista en jurisprudencia sobre Derecho de Autor, al referirse a la necesidad de que las decisiones de los altos tribunales de la nación estén alineadas con los convenios internacionales, a los que atribuyó categoría constitucional.
Según la jurista, las empresas y los individuos sólo invierten en países extranjeros cuando tienen la certeza de que se respeta lo estipulado en las leyes y que se refrendan las normativas del derecho internacional público, “por lo que es importante que las cortes de República Dominicana emitan sentencias que no contradigan esos principios”.
Pons se refirió y deploró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que, a su juicio, desconoció el derecho de autor, impidiendo que creadores de obras intelectuales, especialmente productores audiovisuales, recibieran el pago correspondiente por sus trabajos ser utilizados en algún modelo de negocio.
Esa sentencia rechaza el cobro de facturas por uso y comunicación pública de producciones audiovisuales, acción declarativa de actos de competencia desleal y reparación de daños y perjuicios, en un recurso que fue elevado por EGEDA DOMINICANA contra un centro médico.
Pons manifestó que desconocer el pago de los creadores intelectuales sobre sus obras significa desincentivar la creación. “Mañana, cuando quiera obtenerse el pago de derechos, no se va a poder y los creadores, sencillamente, no van a crear más o se irán a otros países que sí los reconozcan”, dijo.
“La economía naranja, que ha ido en crecimiento y que forma parte importante de los ingresos que recibe el país por la IED, sólo puede sustentarse y crecer cuando se respetan los acuerdos internacionales, como el Tratado de Berna”, explicó.
Las opiniones de la experta en Derecho de Autor fueron expuestas en el panel titulado “Jurisprudencia Iberoamericana Sobre Derecho de Autor desde la perspectiva de la Convención de Berna”, celebrado recientemente con los auspicios de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino.
El panel fue organizado por la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) y el Comité de Estudiantes de Derecho de la PUCMM. Asistieron autoridades universitarias, funcionarios públicos y decenas de estudiantes de la carrera.
EL PANEL
El panel tuvo como objetivo llevar informaciones y conocimientos sobre los alcances, aplicabilidad y vigencia del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, un tratado con más de 137 años de firmado y del cual República Dominicana es signataria, junto a otros 163 países.
“Existe un gran desconocimiento sobre esa jurisprudencia y hay que valorar la importancia de la propiedad intelectual y defender el derecho de autor; los jueces no reconocen los daños del derecho moral en relación con el patrimonial, le dan más importancia a la propiedad física que a la incorpórea y, al contrario, esta es más valiosa que aquella”, se planteó.
Explicaron que Berna se complementa con las leyes dominicanas al poner de relieve apreciaciones que justifican la lógica aplicable al derecho de autor, “labor esta que requiere paciencia y estudio, porque hay que tener muy presente que la materia de derecho de autor, como sucede con otras ramas del derecho, tiene la suya”.
