La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) desligó a sus miembros del proceso iniciado por el Ministerio de Salud Pública para poner en vigencia un Plan Maestro de Política Farmacéutica.
Explica en un comunicado de prensa que ADARS no es parte de ese proyecto, que el mismo es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud Pública.
“No entendemos las razones para vincularnos o procurar hacernos responsables de posiciones o propuestas que nos son ajenas, en un tema en el cual no hemos opinado en público o en reuniones privadas”, dice.
ADARS y sus empresas afiliadas, destaca la declaración, se enteraron por las informaciones divulgadas por los medios de comunicación de la existencia de un proyecto para elaborar un Plan Maestro de Política Farmacéutica.
La política de ADARS, explica, es mantener su participación en la seguridad social y en los demás servicios de salud que ofrece, en el marco de la legislación vigente para no abrir compuertas a acciones que vulneren el ambiente de seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo de sus actividades.
En este sentido, dice, es de todos conocido, que la ley No.87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, prohíbe la integración vertical de las administradoras de riesgos de salud, y por tanto su participación directa o indirecta en la comercialización de medicamentos.
ADARS asegura que las administradoras de riesgos de salud que representa son las más interesadas en servir con eficacia y proteger a sus afiliados, por lo que están dispuestas y apoyarían las políticas y acciones que garanticen el acceso a medicamentos seguros y eficaces servidos a precios razonables, sabiendo que este es un componente del cuidado de la salud que provoca un elevado gasto a las personas.
Pero, advierte, este loable objetivo sólo podrá lograrse creando un ambiente propicio en el que se descarte la confrontación y se logre la concertación de voluntades de todos los participantes en el sistema de salud, comenzando por las entidades estatales.
