La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha establecido que el decreto 282-23, emitido por el presidente Luis Abinader, que declara el pasaporte electrónico como seguridad nacional en la República Dominicana, es contrario a la Constitución dominicana, específicamente en su Artículo 49, que garantiza el derecho a la libertad de expresión e información.
ADOCCO señaló que la declaración de seguridad nacional, que establece la reserva de información relacionada con las contrataciones, viola el derecho a la información establecido en la Constitución y la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Según la organización, la excepción de seguridad nacional solo puede aplicarse a información relacionada con las características técnicas del pasaporte, y no debe restringir el acceso a información sobre suplidores u oferentes y el manejo de los recursos públicos.
Julio de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, destacó que el decreto amplía la reserva de información de manera injustificada y afecta la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo dominicano. Según la organización, las leyes y reglamentos que sustentan el decreto establecen excepciones que pueden restringir el derecho a la información en circunstancias que afecten la seguridad nacional, pero no deben limitar el acceso a información esencial sobre costos, empresas beneficiadas, calidad de los productos adquiridos y experiencia de los proveedores.
ADOCCO reiteró que la excepción establecida en la Ley 340-06 y la Ley 200-04 solo puede aplicarse a las características del pasaporte y no debe superar el derecho fundamental a la información establecido en la Constitución.
Esta declaración de ADOCCO resalta la importancia de la transparencia y el acceso a la información en la gestión de los recursos públicos, y subraya la necesidad de garantizar que las medidas de seguridad nacional no se utilicen como excusa para limitar el derecho a la información de los ciudadanos.
