Santo Domingo.– El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) afirmó que la Ley 98-25, que modifica la Ley de Residuos Sólidos 225-20, resulta “desproporcional y lesiva” para el comercio organizado y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Jorge Jerez, presidente del CNCP, solicitó la revisión inmediata de la ley para evitar mayores niveles de informalidad y conflictos en su aplicación.
En mensaje dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, a los legisladores y a la opinión pública, Jerez sostuvo que, aunque la normativa es necesaria, su implementación “más que beneficios traerá caos”, al imponer cargas que, a su juicio, no guardan equilibrio ni justicia tributaria para los pequeños y medianos negocios.
El dirigente comercial subrayó que el CNCP se opone a llamados a paros o huelgas que alteren la paz social, y reiteró que el diálogo y las propuestas fundamentadas en derechos deben ser la vía para alcanzar soluciones consensuadas.
Entre los principales cuestionamientos, el CNCP señaló que la ley crea tasas contributivas fijas que impactan de manera directa a las mipymes sin considerar otras cargas impositivas municipales, generando una doble contribución por el mismo concepto de manejo de residuos.
Asimismo, criticó la escala contributiva obligatoria establecida en el artículo 5, la cual calificó de “irracional”, al no basarse en porcentajes proporcionales a los ingresos.
Como alternativa, el Consejo propuso un esquema contributivo porcentual.
“Deben ser ajustadas a un nivel porcentual de ingresos y no sobre una tasa fija, para todas las empresas, un 0.02%, esto vendría a establecer un equilibrio no desproporcional entre las grandes empresas y MiPymes.”, indicó.
Otro punto de objeción es la ausencia de una clasificación de las empresas según su grado de contaminación.
“Debe aplicarse el principio de que quien más contamine, pague más”, sostuvo Jerez, al destacar que no puede equipararse el impacto ambiental de un colmado con el de una industria procesadora o una gran cadena de supermercados.
El CNCP también cuestionó que, en la administración del fideicomiso creado por la ley (artículo 40), se excluya a representantes de las mipymes y del comercio, pese a que —según argumentó— estos sectores serían de los mayores aportantes de recursos.
En ese sentido, demandó la inclusión de al menos un representante de las mipymes y otro del comercio organizado.
Además, advirtió que el régimen de sanciones contemplado en el artículo 164 podría provocar cierres inmediatos de pequeños negocios, como colmados, comedores y cafeterías, debido a la falta de flexibilidad en su aplicación.
El CNCP reiteró la necesidad de modificar la Ley 98-25 con carácter de urgencia, revisar la proporcionalidad de las contribuciones, clasificar las empresas por niveles de contaminación, garantizar representación del comercio y las mipymes en el fideicomiso y abrir un debate nacional con el Ministerio de Medio Ambiente y el Senado.
“Si queremos que nuestras empresas se formalicen y mantengan su competitividad junto al desarrollo del país, debemos corregir de inmediato esta ley. De lo contrario, el caos y la informalidad se apoderarán de las mipymes y de los negocios”, manifestó.
