Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) depositó este jueves una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el actual director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el exdirector César Cedeño Ávila; y el gerente legal de Asuntos Inmobiliarios, Carlos Garó Pérez, acusándolos de presuntos actos de corrupción y maniobras ilegales para despojar a ciudadanos de sus propiedades.
La acción legal, presentada por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, y el abogado Moisés Sánchez Severino, se realiza en representación de Juan Rivera Cordero, quien libra una batalla judicial desde 2017 por la parcela 21-C-2, Proyecto Orquídea, en Santo Domingo Este, frente a la empresa Docar y su ejecutivo Jangle Vásquez Rodríguez.
Mercedes explicó que las irregularidades del CEA trascienden el caso de Rivera, afectando a cientos de familias que poseen títulos legítimos de propiedad y que, aun así, enfrentan intentos de despojo.
“Estamos ante un patrón sistemático de corrupción. Gente honesta, que compró con sacrificio, está siendo despojada de sus tierras mediante documentos irregulares”, denunció.
El dirigente recordó que, en reiteradas ocasiones, la CNDH ha solicitado al presidente Luis Abinader la destitución de Burgos Gómez sin obtener respuesta, motivo por el cual decidieron llevar el caso a la justicia.
Según la querella, Burgos Gómez habría violado una disposición presidencial al emitir dos adendas irregulares que transfirieron siete lotes de la mencionada parcela a Docar, incluyendo el terreno adquirido legalmente por Rivera en 2013.
Estas maniobras, agregó Mercedes, no serían hechos aislados, ya que Vásquez Rodríguez, mediante una supuesta permuta realizada en 2003, se habría adjudicado más de 70 terrenos del CEA y 32 de Bienes Nacionales, desde Boca Chica hasta San Luis, dejando a decenas de familias trabajadoras sin sus propiedades.
El abogado Sánchez Severino afirmó que en marzo de 2025 el presidente Abinader emitió el Poder Especial 36-25, ordenando al director del CEA formalizar la transferencia del terreno a Rivera. Sin embargo, Burgos Gómez se habría negado a cumplir dicho mandato, favoreciendo presuntamente los intereses de la empresa Credigas, vinculada a Vásquez Rodríguez.
“Esta negativa a acatar una orden presidencial es una afrenta al Estado de derecho. No se trata solo de un conflicto de tierras, sino de un desafío directo a la autoridad y a la justicia”, advirtió Sánchez Severino.
Finalmente, Mercedes hizo un llamado directo al presidente Abinader para que actúe con determinación frente a este caso.
La CNDH exigió que la PEPCA actúe con firmeza, se impongan medidas de coerción a los señalados y se desmantele lo que calificaron como una red de corrupción que pone en jaque la seguridad jurídica de cientos de familias dominicanas.
