APROCOVICI pide diálogo urgente para revisar cobros de la Ventanilla Única de Construcción y evitar impacto negativo en la clase media
En un momento donde miles de familias dominicanas sueñan con su primera vivienda y el país enfrenta un frágil equilibrio entre oferta, demanda y financiamiento, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) ha lanzado una señal de alerta al Gobierno: las nuevas tarifas impuestas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) podrían generar un efecto dominó sobre el precio de las casas y frenar el dinamismo del sector.
El llamado, dirigido directamente al Ministerio y a su Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias, busca reconsiderar los recientes aumentos en los costos de gestión a través de la Ventanilla Única de Construcción (VUC), incluyendo inspecciones que ahora superan los RD$80,000 y un polémico nuevo cargo del 0.1% sobre el valor tasado de cada proyecto habitacional.
“Estos aumentos excesivos no tienen base legal clara y nos veríamos obligados a transferir estos costos directamente a los compradores finales”, advirtió Sandy Joel Rodríguez, presidente de APROCOVICI. “Eso encarece la vivienda y eleva las barreras de acceso, sobre todo para los segmentos de clase media y bajo costo.”
Más cargas para un sector ya debilitado
La preocupación del gremio constructor no es casual. Según sus declaraciones, el contexto actual ya es desafiante: las ventas han disminuido, los préstamos son más caros y cada vez son menos los nuevos proyectos que logran arrancar. En ese escenario, sumar más costos fijos —sin consensos ni explicaciones legales claras— podría ser el golpe que paralice la cadena de valor de la construcción.
El problema no es solo financiero, sino también social. Encarecer los trámites significa elevar el precio final de la vivienda, justo cuando el país intenta reducir su déficit habitacional y ampliar el acceso a techo propio. De acuerdo con APROCOVICI, las medidas del MIVED, tal como están formuladas, atentan contra esos objetivos.
¿Dónde queda el diálogo?
Lo que más inquieta a los desarrolladores, según la asociación, no es solo el monto de las tarifas, sino la falta de consulta previa. APROCOVICI sostiene que la decisión fue aplicada “de manera unilateral”, sin considerar la realidad operativa de los constructores ni los impactos que podrían desencadenarse.
Por ello, la organización propone una mesa técnica de trabajo entre las autoridades y los actores del desarrollo habitacional, para revisar las tarifas y buscar soluciones equitativas que permitan regular sin asfixiar al sector.
“Estamos de acuerdo con la regulación y el fortalecimiento institucional. Pero debe hacerse con base en la ley, de forma transparente, proporcional y concertada. No podemos seguir tomando decisiones a espaldas del sector productivo”, añadió Rodríguez.
El dilema: ¿regulación o freno?
El caso abre un debate más amplio: ¿hasta qué punto el afán regulador puede poner en riesgo el acceso a vivienda digna? La respuesta no es sencilla. Regular es necesario, pero sin perder de vista la sostenibilidad económica de quienes construyen y el derecho de quienes esperan una llave en sus manos.
Por ahora, la pelota está en la cancha del MIVED. Mientras tanto, constructores, inversionistas y familias dominicanas esperan señales claras de que construir viviendas accesibles sigue siendo una prioridad nacional y no un obstáculo burocrático.
