Directores Regionales y Distritales del Ministerio de Educación sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo una Solicitud De Medida Cautelar Anticipada, tendente a la suspensión parcial de los efectos de la ordenanza marcada con el 01-2020 dictada por el Consejo Nacional de Educación en fecha once (11) de septiembre del 2020, notificada el 28 de septiembre del 2020.
Los abogados Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool, representantes de los demandantes, explicaron que dicha ordenanza persigue la derogación y consecuente el desconocimiento de los derechos reconocidos en virtud de lo dispuesto por medio de la ordenanza 24-2017 que emana del mismo Consejo Nacional de Educación, en virtud de cual se reglamentó el denominado Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, que permitió que en el año dos mil dieciocho (2018) se realizará dicho proceso.
Durante rueda de prensa, explicaron que el mismo sentó las bases para que los indicados profesionales de la educación se sometieran al sistema competitivo de selección, el cual, se estableció conforme los artículos 132, 139, de la Ley General de Educación No. 66-97, como una forma de garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, atendiendo a los intereses de los educados, los padres de familia y la comunidad.
Los accionantes establecen que con la aprobación de la ordenanza 01-2020, y las consecuentes decisiones tomadas por el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, transgreden el Principio de Seguridad Jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13, que cita: Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.
Informaron que el pasado martes 29 de septiembre fue depositada la instancia ante el Tribunal Superior Administrativo, sustentada en virtud de que los artículos 3, 4 y 5[1] de la ordenanza atacada constituye una violación a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia, establecidos en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, constituyéndose en una perturbación manifiestamente ilícita que afecta a cientos de servidores públicos del MINERD.
Además, establecieron que la semana pasada fue sometida de igual modo, la solicitud de medida cautelar cuyo proceso está identificado con el No. 030-2020-ETSA-00875, Sol. 030-2020-MC-00075, tendente a suspender los efectos generados por las acciones ilegales asumidas por Aracelis Villanueva Figueroa, gobernadora de la provincia de San Pedro de Macorís, Julio César De Los Santos, viceministro de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación, quienes solicitaron al servidor público Bolívar Yunior Sosa Soriano abandonar la oficina de la dirección regional 005, procediendo a la juramentación del señor Isidro Santana Ramírez, supuesto nuevo director regional de educación 0500.
Los accionantes y sus representantes, establecen que desde el día 11 de septiembre han enviado comunicaciones a las instituciones involucradas y miembros del Consejo Nacional de Educación, al presidente de la República Luis Abinader Corona, a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, al ministro Administración Pública Darío Castillo Lugo y al propio ministro de Educación, Roberto Furcal, en procura de llamar su atención a fin de evitar la perturbación manifiestamente ilícita que se ha provocado con esta situación.
Al concluir la rueda de prensa, el señor Bolívar Yunior Sosa Soriano, hizo un llamado al presidente de la república, a fin de que intervenga y evite que se sigan dando pasos que violentan los derechos de servidores públicos del sector educación, afecta la institucionalidad y arrastra en sus pies la esperanza de quienes un día confiaron en participar en un proceso que tal y como fue legitimado por instituciones de respeto del escenario nacional y sector educativo, constituyó un proceso competitivo, transparente y robusto, en favor de la revolución que experimentó la educación dominicana.
