El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) considera que el impacto económico y social del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es tan impresionante que si alguna vez desapareciera, afectaría totalmente a los productos cosechados o procesados en el país en sentido general.
René Jáquez, quien expuso en el Primer Seminario de la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur (Coopesur), recordó que el programa es financiado con una inversión de siete mil millones de pesos anualmente, de los cuales más de cuatro mil millones van a la compra de leche pasteurizada y UHT.
“Es obvio la importancia de preservar este programa, porque si alguna vez no existiera, sin dudas que las diez empresas que suplen esa leche tendrían dificultades, y lo mismo ocurriría a las que atraídas por el PAE están comenzando a instalarse”, previno.
Jáquez habló sobre las relaciones entre el Instituto y los suplidores ante sesenta líderes ganaderos, productores de leche, asociados a Coopesur, este viernes y sábado en el hotel Palladium (Dominican Fiesta).
Informó que hoy, prácticamente el ciento por ciento de los alimentos que consumen los escolares es cosechado o producido por los productores de la propia región y contrastó que los nuevos criterios de licitación impiden que se repita el que 55 panaderías suplían todo antes, y ahora son 160.
Citó que hoy son distribuidas 2.6 millones de raciones alimentarias diarias, desayuno y almuerzo, sin incluir la merienda escolar. Que 1.7 millones de alumnos reciben una ración de alimentos diariamente, con una cobertura de cinco mil seiscientos centros, el ciento por ciento de los niveles inicial y básico, y el 24% de la media.
“Establecimos un precio único para la adquisición de alimentos y otros servicios, al percatarnos de que la competencia de precios era el enemigo número uno para poder licitar la compra de alimentos que siempre era abortada”, subrayó.
Dijo que así fue como el Inabie respondió para romper con la competencia aberrante entre suplidores oferentes, pues si se permitía una apertura al que más podía y quería, el programa caía en riesgo.
“Si una empresa suplidora argumenta dificultades para satisfacer los requerimientos y renuncia, automáticamente paraliza el programa de alimentación escolar, que fue reincorporado cuando eso ocurrió, pues habría sido desastroso permitir que fuera paralizado”, relató.
Jáquez dijo que por esas y otras razones también fue establecido como criterio el tope máximo de raciones por oferentes, lo que garantiza equilibrio y equidad.
Asimismo se establecieron concesiones preferenciales para suplidores que utilizan insumos de fabricación nacional, con privilegios sobre aquellos que los importan.
Explicó que esa filosofía gubernamental asumida por el Instituto es debida a la preocupación por los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA).
“Sin embargo hallamos en el DR-CAFTA un parrafito que dice que para los programas de alimentación escolar el
Tratado no es válido, lo que asumió entonces la Dirección General de Compras y Contrataciones”, manifestó.
Citó que actualmente ya hay 2.6 millones de raciones alimentarias diarias, desayuno y almuerzo sin incluir la merienda escolar, y en el programa fronterizo a 452 centros educativos, en ocho provincias.
“Estas políticas sirven para fomentar el desarrollo de la empresa y la industria nacional, las locales y las pymes, que los procesos de licitación sean transparentes y confiables, de manera que la población sienta seguridad de que se respetan sus derechos marcados en la Ley de Compras y Contrataciones”, indicó.
