La pieza aprobada por la Cámara de Diputados introduce controles biométricos en internet, erradica las tragamonedas de los colmados y castiga con el cierre definitivo a las empresas que fallen en proteger a los menores.
El negocio de los juegos de azar en la República Dominicana se encamina hacia su transformación más radical en las últimas seis décadas. Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, la nueva ley general de juegos de azar sustituye un entramado obsoleto de leyes dispersas (algunas vigentes desde 1964) por un cuerpo único de 196 artículos diseñado para imponer el orden fiscal, digital y social.
De las decenas de cambios que introduce la pieza, analizamos a fondo los 10 pilares más importantes y de mayor impacto para la sociedad y la economía dominicana:
1. Control biométrico obligatorio contra la JCE
El artículo 82 elimina la facilidad con la que los menores burlaban las apuestas en línea. Ya no bastará con marcar una casilla declarando ser mayor de edad; a partir de ahora, todas las plataformas digitales están obligadas a verificar la cédula del usuario en tiempo real contra el padrón oficial de la Junta Central Electoral (JCE) antes de permitir cualquier depósito o jugada.
2. Pérdida automática de la licencia por acceso de menores
La protección de la infancia se convierte en el pilar más estricto de la ley. Si un casino, banca física o portal de internet permite la participación de un menor de 18 años, la sanción no será una simple multa económica: el artículo 44.8 establece que el operador perderá de forma definitiva y revocatoria el título habilitante que le permite tener el negocio.
3. Erradicación total de tragamonedas en colmados
El artículo 70 prohíbe de forma tajante la instalación de máquinas tragamonedas en cualquier local de ocio o expendio de alimentos donde tengan acceso los menores de edad. La ley menciona expresamente a los colmados, anulando cualquier posibilidad de que estos negocios consigan licencias o permisos especiales.
4. Perímetro de seguridad de 500 metros
Para limpiar los entornos familiares y educativos de la proliferación de bancas, el artículo 26 fija una distancia mínima obligatoria de 500 metros entre cualquier establecimiento de juegos de azar y lo que define como «entornos sensibles»: escuelas, universidades, estancias infantiles, hospitales, centros CAID, iglesias y cuarteles militares.
5. Impuesto del 10% a las apuestas por internet
Por primera vez en la historia del país, se somete a fiscalización el segmento de mayor crecimiento económico. El artículo 78 crea un impuesto mensual del 10% sobre las operaciones de juegos en línea. Para cerrar portillos de elusión fiscal, el tributo se calculará basándose en la página web autorizada, bloqueando la evasión mediante la radicación de empresas en el extranjero.
6. Cierre técnico y asfixia financiera a portales ilegales
Frente a las plataformas clandestinas que operan sin autorización, el artículo 79 otorga garras inmediatas al regulador. En coordinación con el INDOTEL, el Estado podrá bloquear los dominios web y aplicaciones ilegales, además de ordenar de forma obligatoria a los bancos y entidades de pago la suspensión y congelamiento de todas las transacciones hacia esas cuentas.
7. Registro Nacional de Autoexclusión Gratuito
Una de las herramientas con mayor enfoque humano de la ley. El artículo 38 crea una plataforma estatal donde cualquier ciudadano que luche contra la ludopatía puede inscribirse de forma gratuita. Una vez registrado, los operadores tienen la obligación de negarle la entrada al local, bloquear sus cuentas de internet, impedirle el cobro de premios y suspender el envío de publicidad.
8. Financiación de la ludopatía con el 10% de las multas
El artículo 170 crea un hito de financiamiento para la salud pública: el 10% neto de todo el dinero recaudado por concepto de multas e infracciones del sector se destinará exclusivamente a programas de prevención, atención y tratamiento de la ludopatía, bajo la estricta coordinación del Ministerio de Salud Pública.
9. Moratoria de 10 años para frenar el crecimiento del sector
Para obligar a la regularización del mercado informal, la ley activa una prohibición absoluta para emitir nuevas licencias de apertura por un periodo de diez años tras cerrarse el Sistema Único de Registro (Arts. 190 y 191). Esto significa que la única forma de operar en el país será de forma regularizada dentro del cupo ya existente.
10. Régimen penal severo con cárcel e inhabilitación de socios
El nuevo marco legal establece consecuencias drásticas que se dividen en seis niveles. Los artículos 146 al 167 contemplan penas de prisión de hasta 10 años, multas de hasta 400 salarios mínimos, la disolución forzosa de sociedades comerciales que funcionen como fachadas ilegales y la inhabilitación de socios y administradores para operar en el sector por una década.