El ingeniero Rene Mateo, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró hoy que el gobierno dominicano no pretende privatizar el agua y muy por el contrario está iniciando lo que se puede calificar como una revolución en ese sector.
El experto en materia de Agua explicó que esa revolución se originó con la creación del Gabinete del Agua, encabezado por el presidente Luis Abinader, el cual se reúne cada martes para pasar revista a este renglón nacional y recordó que desde ese Gabinete se creó el Pacto Nacional por el Agua, cuyo pacto será presentado al país en los próximos días.
Mateo recordó que la Ley 1-12 que establece la estrategia de desarrollo con los Objetivos del Milenio hacia el 2030, ley aprobado en marzo del 2012, donde se establece que para ese año, todos los dominicanos deben tener acceso al agua potable y al saneamiento, pero que sin embargo, dentro de los desafíos de dicha ley y los objetivos del desarrollo sostenible, al realizar un balance del tiempo existente de esta legislación, los dominicanos en la actualidad tienen una cobertura del agua potable de un 26 por ciento en lo relativo a la cantidad, calidad y oportunidad.
Reveló el profesional de la ingeniería que dentro de las acciones del Gabinete del Agua, sometieron al Poder Ejecutivo una propuesta de Ley General del Agua, la cual está en el proceso de análisis en la Consultoría Jurídica, para próximamente someterla a discusión en el Congreso Nacional para ver cuál es el derrotero que tomará para su aprobación final.
Al participar en un reconocido programa de televisión en la mañana de este lunes, confesó que una de las razones por la cual acudió a este espacio es porque se ha promovido erróneamente por las diferentes vías de comunicación que esta sería una ley privatizadora, lo cual definió esa mala práctica como cíclica durante los últimos treinta años que se ha tratado de aprobar una Ley del Agua.
El ingeniero Mateo aclaró que la no aprobación hasta la fecha de una ley de agua no es un caso particular de la República Dominicana e hizo referencia a un estudio realizado con treinta y cuatro países latinoamericanos donde solo cinco han logrado materializar una ley en tal sentido.
Advirtió la existencia de intereses espurios que impiden que los países, no solamente en República Dominicana, que en término general tengan un marco legal institucional que le garantice a la población el acceso a este líquido vital.
Citó como ejemplo uno de los cuestionamiento a dicha ley es el artículo 66 que habla de los derechos o títulos de agua, llamado anteriormente concesiones, cuyo término no le gusta a algunas gentes, remitiéndose al artículo 15 de la Constitución de la República, la cual establece que el agua, como recurso natural, es El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
