La empresa Generadora Eléctrica de Samaná (GES) ha afirmado que su proceso de mudanza y aumento de capacidad de generación se ha llevado a cabo siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables, con la debida supervisión de las autoridades estatales pertinentes.
GES ha señalado que realizó un estudio de impacto ambiental con una empresa especializada aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, se llevó a cabo dos audiencias públicas en enero y marzo de este año, y se instaló un letrero grande en el lugar donde se planea instalar nueva infraestructura eléctrica.
Estas audiencias públicas fueron debidamente publicadas en los medios de comunicación, como lo exige la ley. Autoridades y miembros de la comunidad fueron invitados, y bajo la supervisión de los Ministerios de Medio Ambiente y de la Superintendencia de Electricidad, se explicó el proyecto. Existe evidencia fotográfica y de video de estas presentaciones, y toda esta información está en manos de las autoridades. Esto llevó a la aprobación de la licencia ambiental por parte de la comisión de viceministros y directores del Ministerio de Medio Ambiente.
La empresa ha asegurado que las autoridades ambientales y energéticas han otorgado su aprobación al proyecto debido al cumplimiento de todos los requisitos necesarios. La empresa también ha señalado que las nuevas instalaciones son fundamentales para satisfacer la demanda de energía en la región, que está experimentando un aumento debido al crecimiento del turismo y el comercio. La falta de estas instalaciones podría resultar en cortes de energía sectoriales para gestionar la demanda energética.
Desde 2001, GES ha sido el proveedor de energía para la empresa Luz y Fuerza, que ha sido un motor clave para el desarrollo turístico y económico de la comunidad de Las Galeras. El plan de GES es avanzar hacia un sistema energético 100% renovable en la región.
La empresa sostiene que las críticas y resistencias contra su proyecto responden a intereses particulares, especialmente de miembros de una influyente familia local que han distorsionado la información sobre el proyecto para ganar el apoyo de grupos ambientalistas. Estos grupos, según GES, incluyen individuos con un historial de oposición a iniciativas de desarrollo que no están bajo su control.
