La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, dieron apertura oficial al proceso de votación para que los reclusos preventivos (no condenados) ejerzan su derecho al voto en el nivel presidencial este domingo 19 de mayo de 2024.
La ceremonia de apertura se realizó en el recinto penitenciario de Najayo Mujeres, donde más de 169 internas en condición de preventivas votarán. En el acto participaron los miembros del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, junto a Mártires Quiñones en representación de la Procuraduría, y Roberto Hernández, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Estuvieron presentes también los directores de Elecciones, Mario Núñez Valdez; de Informática, Johnny Rivera; y de Partidos Políticos, Lenis García. Además, participaron Iván Vladimir Feliz Vargas, procurador especializado contra los delitos electorales; Ángelo Frías, consultor jurídico; Manuel Mercedes, representante de los Derechos Humanos; Pablo Ulloa, defensor del Pueblo; Servio Tulio Castaños Guzmán, de FINJUS; y Alberto Guevara, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). También asistieron delegados políticos acreditados, observadores, representantes de la Embajada de Estados Unidos, sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Dolores Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE y coordinadora de la iniciativa, calificó la implementación del voto penitenciario como un acontecimiento histórico para la República Dominicana. “Hablar de derechos humanos y del voto universal nos pone en el enfoque de una sociedad moderna”, expresó Fernández Sánchez. Reiteró que esta medida es un reconocimiento a los derechos fundamentales y a la dignidad humana de los privados de libertad, conforme al artículo 22 de la Constitución, que establece el derecho a elegir.
Por su parte, Roberto Hernández, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, destacó que este reconocimiento es un momento histórico y que el país se viste de gala. “Que bien se siente consumar un derecho de las personas privadas de libertad; ha sido un trajinar de un año junto a la JCE donde hemos aprendido mucho”, afirmó Hernández, subrayando que la democracia, la organización y la armonía prevalecieron en los recintos carcelarios.
Más de 3 Mil Preventivos Votan
En esta jornada, el sistema de voto penitenciario se aplica a 3,670 preventivos habilitados para votar en recintos carcelarios como Najayo Hombres, Najayo Mujeres, Rafey Hombres, Rafey Mujeres, San Pedro de Macorís, La Isleta en Moca, Anamuya en Higüey, Monte Plata, San Felipe en Puerto Plata, Cucama en La Romana, El Pinito en La Vega, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, Mao, Dajabón, Salcedo, Elías Piña, Nagua, y las cárceles públicas de Azua y Baní Mujeres.
Las votaciones se realizaron bajo las condiciones establecidas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral y los procedimientos dictados por la JCE. Los colegios electorales penitenciarios se instalaron a las 09:00 a.m. y comenzaron a recibir votos entre las 11:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, bajo la supervisión de miembros y delegados políticos acreditados.
Marco Legal que Garantiza el Voto de los Reclusos Preventivos
El artículo 24 de la Constitución de la República establece que una de las causas para la suspensión de los derechos de ciudadanía es la condenación irrevocable a pena criminal. El artículo 69 de la Carta Magna, al referirse a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, señala que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.
El reglamento del voto penitenciario estipula que el ciudadano en condición de preventivo debe disponer de su Cédula de Identidad y Electoral para poder ejercer el derecho al voto.
Con estas acciones, la JCE y la PGR aseguran el cumplimiento de los derechos fundamentales, reforzando la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.
