Pepillo Salcedo, Montecristi. Encajonado entre el mar, la frontera con Haití y una nueva muralla regulatoria, el municipio de Manzanillo vive un momento de profunda tensión territorial y social.
El nuevo Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), respaldado por el Estado dominicano y financiado en parte por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha desatado una oleada de cuestionamientos desde la comunidad, que denuncia ser víctima de exclusión y despojo en nombre del desarrollo.
El plan, que limita la expansión urbana con el argumento de crear una “zona de amortiguamiento ambiental”, bloquea el crecimiento natural del municipio, mientras permite que megaproyectos energéticos y logísticos avancen sin restricciones en áreas de alto valor ecológico. Para el presidente del Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), Frank Valenzuela, el PMOT impone un modelo excluyente, en el que “la comunidad es vista como un obstáculo y no como un actor clave”.
En particular, los líderes comunitarios denuncian el desmontaje de más de 500 mil metros cuadrados de bosque seco en las inmediaciones del Parque de Manglares Estero Balsa, un ecosistema protegido que, según expertos, está siendo degradado sin estudios de impacto ambiental ni sanciones visibles. “Es un ecocidio amparado por el silencio cómplice del Ministerio de Medio Ambiente”, afirma Valenzuela.
Asimismo, el documento acusa al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de facilitar la implementación de un modelo de enclave industrial que concentra la riqueza en manos de grandes consorcios, sin mecanismos reales de compensación socioambiental ni programas de inversión pública que beneficien directamente a la población local.
Un desarrollo sin comunidad
En la práctica, señalan los críticos, el modelo en curso favorece la instalación de consorcios energéticos y logísticos que operan como enclaves autónomos. “Nos venden el discurso de hub logístico, pero no hay terrenos para que los jóvenes construyan sus casas, ni proyectos que diversifiquen la economía local. ¿Desarrollo para quién?”, cuestiona Valenzuela.
La Sala Capitular del Ayuntamiento de Pepillo Salcedo ha rechazado el PMOT en su versión actual, exigiendo su revisión. Diversos sectores sociales, religiosos y medioambientales se han unido al reclamo por un nuevo pacto territorial basado en la equidad y la participación comunitaria.
El espejismo del progreso
Aunque el Plan Maestro de Manzanillo prometía empleo, inversión y modernización regional, la comunidad percibe una realidad distinta: empleos temporales, servicios públicos colapsados y una presión inmobiliaria que encarece el costo de vida. La Laguna Saladilla, en la zona Ramsar del Estero Balsa, ya muestra un 37% de degradación, mientras el Ministerio de Medio Ambiente, aseguran, guarda silencio.
La comunidad reclama su derecho a decidir sobre el destino del territorio y propone una cogestión real entre Estado y ciudadanía, basada en la protección ambiental, el desarrollo endógeno y la redistribución equitativa de los beneficios.
“Manzanillo no se opone al desarrollo. Pero sí exige que este sea justo, participativo y sostenible. No podemos aceptar que el progreso sea un privilegio para otros, y una condena para nosotros”, concluye Valenzuela.
