“Este gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir la administración pública”, aseguró Antoliano Peralta Romero.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguró este miércoles que bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá una reforma a la Constitución, ni ninguna otra de esta trascendencia, si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional.
“El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa se limitarán a lo aquí propuesto y que bajo ningún concepto y circunstancia sus objetivos tocarán otros temas”, informó Peralta Romero.
Al mismo tiempo, señaló, deja constancia, por su vía, de la decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político nacional, con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas.
Con la seguridad, agregó, de que con las mismas se logrará un país más democrático y transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz.
El consultor jurídico habló al participar en la novena y última reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, como parte de la convocatoria Presidencial del Diálogo, por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado, en el Consejo Económico y Social (CES).
“Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los miembros de esta mesa que han participado en el diálogo sobre la reforma constitucional, para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones a que aquí se han arribado y con la esperanza de que esta sesión sea tan provechosa como las anteriores”, manifestó.
Peralta Romero reafirmó el convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes.
Entre estas reformas citó: lograr disminuir de más de doscientos mil (200,000.00) ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo veinticinco mil (25,000.00); la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes.
Asimismo, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos; la independencia real del Ministerio Público, a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura.
“No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso dado que este gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir la administración pública”, afirmó.
No obstante tal convicción, expuso, desde el primer día el Poder Ejecutivo ha mostrado apertura para que, en el marco de este diálogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y sugerencias adicionales, a través de las distintas organizaciones políticas y sociales presentes.
“De hecho, así hemos ido incorporando parte de las observaciones presentadas, como las relativas a la forma de destitución de los jueces de las altas cortes que cometan faltas graves o a la consagración constitucional, no así legal, de la manera en que sería designado el Fiscal General de la República”, expresó.
El funcionario recordó que han tenido ocho reuniones previas, en las que han sometido a distintos niveles de discusión diversas propuestas normativas en el marco de la Convocatoria Presidencial del Diálogo.
“Como saben, hoy no solo terminamos con los trabajos de esta mesa, sino que también concluimos con esta fase del diálogo sobre la reforma constitucional, el cual ha sido ventilado en dos sesiones anteriores, en las fechas 2 de marzo y 4 de mayo”, comunicó.
El consultor jurídico insistió en que se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo ha emprendido convencido de que cada una de las propuestas impactarán positivamente el régimen institucional de la República Dominicana.
Entre los participantes en la reunión figuran la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla y la subconsultora del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera.
