La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, anunció que, por primera vez en la historia del país, se ha sancionado un caso de colusión en las contrataciones públicas. El caso involucra a dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados al régimen penitenciario nacional.
Este hito fue valorado por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien calificó la sanción como un éxito en la gestión de Vásquez Taveras. “Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión, y por primera vez tenemos sentencia por esta práctica anticompetitiva”, expresó Ortiz Bosch durante el conversatorio titulado “ProCompetencia: Mejores Prácticas en Cumplimiento Normativo y Transparencia”.
En su intervención, Vásquez Taveras detalló los hallazgos que permitieron identificar el esquema colusorio entre las empresas implicadas. Entre estos, destacó la relación familiar entre los accionistas de ambas compañías, la coincidencia en los precios y productos ofertados, y la representación mutua durante la fase de ejecución contractual.
“Por primera vez en la República Dominicana, dos empresas son sancionadas por colusión en procesos de compras y contrataciones públicas. Esto fue posible gracias al trabajo de ProCompetencia y a la colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, afirmó Vásquez Taveras.
La presidenta de ProCompetencia también explicó que las sanciones fueron aplicadas conforme a la normativa vigente, utilizando fórmulas económicas desarrolladas por la institución en sus guías metodológicas, lo que garantiza seguridad jurídica en los procesos sancionadores.
Otro tema abordado en el conversatorio fue el rol de los representantes de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), a quienes Vásquez Taveras calificó como piezas clave en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas.
“Los representantes de las OAI actúan como una herramienta de control y supervisión, promoviendo un entorno de compras más equitativo y eficiente. Su función es esencial para prevenir el favoritismo y la colusión en la asignación de contratos”, señaló.
Vásquez Taveras realizó estas declaraciones en el segundo día del 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, organizado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
