En el Senado de la República Dominicana se debate un proyecto de ley que busca sancionar con penas severas a los responsables de violaciones, invasiones y ocupaciones ilegales de propiedades públicas y privadas. La propuesta legislativa, presentada por el senador Alexis Victoria Yeb el pasado 13 de agosto de 2024, también contempla medidas contra el traspaso fraudulento de inmuebles.
En caso de aprobarse, la normativa impondría penas de prisión de 4 a 10 años y multas que oscilan entre 250 y 500 salarios mínimos a quienes incurran en estas prácticas ilícitas, afectando la seguridad jurídica y el desarrollo de inversiones nacionales y extranjeras.
Una problemática estructural
El abogado y experto en derecho inmobiliario César Amadeo Peralta destacó que el proyecto responde al incremento de actividades criminales relacionadas con el despojo de tierras. Estas incluyen falsificaciones documentales, transferencias ilegales de propiedades y ocupaciones que perjudican tanto a particulares como al Estado. «Este fenómeno afecta especialmente a zonas de alto valor, como áreas turísticas, costeras y urbanas, donde la inseguridad jurídica ha ahuyentado inversiones durante años», afirmó Peralta.
El proyecto de ley establece que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la protección de las propiedades mediante acciones concretas que frenen este tipo de delitos.
Aspectos clave del proyecto
Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 14 define agravantes que endurecen las penas en casos específicos, como:
- Uso de violencia física o psicológica.
- Amenazas de muerte.
- Daños a infraestructuras, cultivos o edificaciones.
- Actos cometidos por grupos organizados o reincidentes.
- Involucramiento de funcionarios públicos o miembros de organismos de seguridad del Estado.
Además, el artículo 5 sanciona con 1 a 2 años de prisión y multas de 10 a 20 salarios mínimos a quienes se introduzcan sin autorización en propiedades públicas o privadas.
Llamado a perfeccionar la propuesta
El abogado Peralta reconoció la importancia de la iniciativa, pero instó a los legisladores a consultar a expertos en derecho inmobiliario para fortalecer el proyecto. Según él, es necesario incorporar herramientas legales que permitan enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado, como el decomiso de bienes, sanciones económicas adicionales y mecanismos de cooperación internacional.
«Las debilidades del marco legal actual y las jugosas ganancias que generan estos delitos permiten que muchos infractores queden impunes», advirtió Peralta.
Sobre el autor del análisis
El licenciado César Amadeo Peralta, articulista jurídico y socio fundador de Peralta & Peralta y Asociados, es reconocido por su trayectoria en la persecución de delitos relacionados con fraudes inmobiliarios, falsificaciones y estafas financieras. Su despacho está ubicado en Santo Domingo y se especializa en casos de alta complejidad vinculados con el derecho inmobiliario y económico.
Contacto del abogado:
Teléfono: (809) 710-2213
Correo: amadeoperalta@gmail.com
Este proyecto de ley, que enfrenta una problemática de alto impacto social y económico, podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la jurisdicción inmobiliaria del país.
