Santo Domingo. La Red de Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT Dominicana) hizo un enérgico llamado al Ministerio Público para que garantice la participación activa de la organización en los operativos de rescate de víctimas de trata de personas, conforme lo establece la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como el Protocolo de Palermo, suscrito por el Estado dominicano.
La organización expresó su preocupación ante la exclusión de la ONG en las más recientes intervenciones, como la Operación Flor de Loto y la Operación Begonias, en las que no se habría contado con la colaboración ni el acompañamiento de entidad, que cuenta con la capacidad y la experiencia de atención a víctimas que han sido rescatadas.
Eduardo Pérez, presidente de la RATT Dominicana dijo que, es fundamental que el Ministerio Público respete los marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen el rol clave de las organizaciones en la protección integral de las víctimas. “Sin su participación, se vulnera no solo el proceso, sino también los derechos de las personas rescatadas”, expresó Pérez.
La entidad recordó que el Protocolo de Palermo y la Ley 137-03 establecen mecanismos de coordinación interinstitucional que incluyen a las ONG como parte esencial en la identificación, atención y seguimiento de casos de trata.
Asimismo, informó que durante la primera Cumbre Mundial contra la Trata de Personas, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos en España, donde RATT Dominicana tuvo participación, en donde fue expuesta la preocupación por el desinterés que ha venido demostrando el Ministerio Público en los casos denunciados por la organización.
Además, esto ha generado un respaldo de los 18 países miembros de RATT Internacional, quienes solicitarán a las autoridades y al gobierno dominicano que garanticen la cooperación interinstitucional, donde reiteran disposición plena a colaborar con las autoridades y acompañar las acciones del Estado en la lucha contra la trata de personas.
Nuestro único interés es garantizar la protección integral de las víctimas, como lo exige la ley y la ética humanitaria.
