Santo Domingo, Diciembre de 2025. – Los cuestionamientos y comentarios negativos que rodearon durante meses el proceso para dotar al país de una nueva cédula de identidad y electoral quedaron ayer prácticamente disipados, tras la presentación oficial del proyecto por parte de la Junta Central Electoral (JCE) ante una nutrida audiencia de periodistas y comunicadores que colmó el salón principal del Hotel Sheraton.
La exposición del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, fue exhaustiva, precisa y didáctica. Abordó con rigor cada uno de los aspectos técnicos, operativos y logísticos del proceso, incluyendo un calendario detallado para la renovación del principal documento de identificación de los dominicanos, que también servirá para identificar a los extranjeros con residencia legal en el país.
La trascendencia de esta iniciativa va mucho más allá de un simple cambio de formato. Se trata de una herramienta estratégica para la organización de la vida económica, social y política de la nación, así como un pilar esencial para la transparencia de los procesos electorales que sostienen nuestra democracia, reconocida hoy como una de las más estables y ejemplares del escenario latinoamericano.
Esa imagen democrática —construida durante décadas— es un activo que conviene preservar con celo. De ella depende, en gran medida, nuestro prestigio internacional, el mismo que sustenta al turismo, una actividad que genera más del 20 % del Producto Interno Bruto y que lidera los flujos de inversión extranjera directa en los últimos treinta años.
Una señal clara del valor y alcance de la nueva cédula es su aceptación como documento internacional de identificación, en caso de que un ciudadano pierda su pasaporte mientras se encuentra en el extranjero. Este solo elemento coloca al documento dominicano en un nivel de reconocimiento poco común en la región.
Durante años, la cédula fue motivo de preocupación en múltiples procesos electorales, debido a su vulnerabilidad y a la facilidad con que podía ser adulterada, erosionando la pulcritud y la credibilidad de elecciones en las que se escogían el presidente de la República y los integrantes del Congreso.
Atrás quedó la cédula impresa en papel, fácil de falsificar. El plástico que le sucedió —en su momento un avance significativo— hoy resulta insuficiente. El desarrollo tecnológico de las últimas dos décadas ha puesto al alcance del crimen organizado herramientas capaces de reproducir documentos en PVC con alarmante similitud al original.
Lo que la JCE presentó ayer es otra cosa.
Estamos ante un documento de identidad de última generación, que sustituye el PVC por policarbonato, un material altamente complejo y resistente, prácticamente imposible de manipular o reproducir. Su información no será impresa, sino grabada mediante rayos láser, eliminando el plastificado tradicional e incorporando un chip electrónico, código QR digital y más de 100 elementos de seguridad.
El resultado es una cédula personalizada, de alta precisión, con microdetalles irreproducibles, diseñada para resistir intentos de falsificación y con una vida útil estimada de hasta 25 años. Un estándar que coloca al país a la par de las naciones más avanzadas en materia de identificación ciudadana.
El proceso de cedulación se desarrollará de manera gradual durante un período de dos años (2026-2028), lo que permitirá una transición ordenada, inclusiva y eficiente.
La buena noticia es clara: terminan los sobresaltos, las sospechas y las querellas asociadas a la adulteración de cédulas en los procesos electorales y económicos. La República Dominicana da un paso firme hacia la modernidad, la seguridad y la consolidación institucional.
Y eso, en tiempos como estos, es motivo de tranquilidad y confianza.
