La seguridad digital de los Estados enfrenta hoy un desafío que va más allá de la tecnología. En América Latina, y particularmente en la República Dominicana, la politización de los organismos de inteligencia y ciberseguridad podría convertirse en un factor de riesgo para la democracia, la libertad de expresión y la estabilidad institucional.
Así lo advirtió el matemático y experto en criptografía Juan Luis Vargas Molina, profesional dominicano galardonado internacionalmente y excolaborador de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, quien alertó sobre los peligros del uso partidario de la información estratégica en contextos democráticos frágiles.
Información privilegiada y riesgo democrático
Según Vargas Molina, los sistemas de inteligencia y ciberseguridad deben sustentarse estrictamente en el respeto a la Constitución y al Estado de derecho, como garantía esencial para la preservación de la democracia.
“El partidarismo puede fomentar la aparición de dictaduras, porque el nivel de conocimiento e información manejado en estas instancias es demasiado alto”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que personas irresponsables o carentes de ética, con acceso a información privilegiada, pueden utilizarla con fines de control político y social, erosionando las libertades públicas.
Para el experto, el abuso de información estratégica no solo debilita la institucionalidad, sino que corroe principios fundamentales como la libertad de expresión y la soberanía popular.
Un marco legal como pilar de la seguridad nacional
Vargas Molina enfatizó la necesidad de que los países latinoamericanos cuenten con un marco legal sólido para sus instituciones de seguridad nacional, similar al existente en Estados Unidos, que garantice la igualdad de derechos, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de los gobernantes.
Asimismo, insistió en que los profesionales en criptografía, ciberseguridad y redes telemáticas no deben ser removidos de sus cargos por cambios en la administración gubernamental, ya que la estabilidad técnica es clave para la protección del interés nacional.
“Una gestión que prioriza el mérito profesional sobre las afinidades políticas incentiva una cultura de gobierno eficaz y comprometida con la seguridad del Estado, por encima de intereses partidarios”, afirmó.
República Dominicana: un país bajo ataque digital
El especialista manifestó su preocupación ante el acelerado aumento y sofisticación de los ciberataques en América Latina, muchos de ellos potenciados por el uso de Inteligencia Artificial. En el caso dominicano, las cifras oficiales revelan un crecimiento alarmante: de 139 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2024, a 233.5 millones en el mismo período de 2025.
“Cualquier Estado es extremadamente vulnerable si no invierte en la creación de instituciones de inteligencia donde trabajen matemáticos, criptógrafos e ingenieros telemáticos”, advirtió.
FACTOR y la urgencia de capacidades técnicas
Vargas Molina es creador de la criptomoneda FACTOR, plataforma por la cual recibió un premio de 100,000 dólares de Coinbase, la mayor empresa estadounidense de criptodivisas. Según explicó, herramientas como FACTOR permiten auditar sistemas, identificar vulnerabilidades y desarrollar mecanismos efectivos para repeler ciberataques.
Aunque estimó que la formación de los recursos humanos necesarios para una institución de inteligencia tomaría al menos seis años, señaló que FACTOR permitiría al Estado dominicano realizar auditorías inmediatas de sus llaves criptográficas, detectando debilidades críticas en sus sistemas informáticos.
Educación y ciberseguridad: un vínculo ineludible
El experto también subrayó la importancia de fortalecer la educación nacional, señalando que la inversión del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto no se refleja aún en el nivel educativo de la ciudadanía.
“Esto es fundamental incluso para que la población comprenda los mensajes públicos contra el cibercrimen”, afirmó, destacando que el conocimiento requerido para auditar sistemas criptográficos es altamente especializado y demanda años de formación rigurosa.
Una responsabilidad compartida
Finalmente, Vargas Molina concluyó que tanto el Estado como las empresas privadas que manejan recursos financieros necesitan especialistas en ciberseguridad que supervisen de forma continua sus sistemas, reforzando defensas internas mediante configuraciones adecuadas, cortafuegos, criptografía y certificados de seguridad.
En un contexto regional marcado por la digitalización acelerada y las amenazas híbridas, la ciberseguridad deja de ser un asunto técnico para convertirse en un pilar esencial de la democracia.
