Expertos reunidos en INTEC afirman que la legislación fortalece la seguridad jurídica y promueve una mayor protección para pacientes y profesionales de la salud
Santo Domingo.– El nuevo Código Penal no constituye una amenaza para el ejercicio de la medicina ni fue diseñado para perseguir a los profesionales de la salud. Por el contrario, establece responsabilidades más claras, fortalece las garantías jurídicas y promueve una mayor protección tanto para los médicos como para los pacientes, concluyeron especialistas durante el panel «Código Penal: ¿avance o amenaza?», organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) junto a la Comisión Nacional de Bioética (CNB).
Durante el encuentro, expertos en bioética y derecho médico coincidieron en que gran parte de la incertidumbre surgida en el sector sanitario responde a interpretaciones equivocadas de la nueva normativa y a la desinformación que ha circulado sobre su contenido, por lo que exhortaron a analizar el texto desde una perspectiva jurídica y técnica.
La doctora Togarma Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, explicó que el Código Penal mantiene como principio fundamental la actuación diligente y responsable del médico, sin penalizar automáticamente los resultados adversos que puedan presentarse durante un tratamiento.
«La medicina no es una ciencia exacta. Lo que tenemos que demostrar es que utilizamos todos los medios a nuestro alcance para evitar un desenlace fatal», afirmó.
Rodríguez aseguró que la legislación no representa una «cacería de brujas» contra el personal médico y enfatizó que ningún profesional será procesado únicamente por la entrada en vigor de la nueva ley.
«No es que porque llegó la ley van a salir a buscar a todos los médicos como una cacería de brujas para llevarlos presos. Nada que ver con eso», sostuvo.
La especialista indicó que el aspecto determinante será demostrar, mediante una adecuada documentación clínica, que el profesional actuó conforme a los protocolos establecidos, justificó correctamente sus decisiones y empleó todos los recursos disponibles para proteger la vida del paciente.
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva legislación es la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas, permitiendo que hospitales, clínicas y otras instituciones de salud también respondan cuando existan fallas derivadas de problemas organizacionales o de gestión, una figura inexistente en la legislación anterior.
Por su parte, el abogado Pedro Jiménez, especialista en derecho médico, calificó la reforma como un cambio trascendental para el sistema judicial dominicano.
«Verdaderamente hay esperanza. Verdaderamente hay avances», expresó al señalar que el nuevo Código sustituye una legislación con más de 140 años de vigencia por un modelo ajustado a los principios constitucionales y a mayores garantías jurídicas.
Jiménez explicó que la reforma incorpora por primera vez un conjunto de principios garantistas que protege tanto a los ciudadanos como a los profesionales que actúan dentro del marco legal.
«Del silencio normativo pasamos a un bloque de garantías», manifestó, al recordar que la responsabilidad penal seguirá siendo estrictamente individual, por lo que cada persona responderá únicamente por sus propios actos u omisiones.
Los especialistas reconocieron, sin embargo, que algunos artículos podrían requerir ajustes para evitar interpretaciones ambiguas, por lo que respaldaron la realización de espacios de discusión técnica que permitan perfeccionar la legislación sin frenar los avances alcanzados.
Desde la perspectiva bioética, el doctor Miguel Suazo, asesor permanente de la Comisión Nacional de Bioética, docente y consultor de Bioética del INTEC, afirmó que el análisis del nuevo Código Penal debe centrarse en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes y las garantías para quienes ejercen la medicina.
«No todo lo legal es moral, ni todo lo moral es legal. La tarea de la ética será tratar de acercar lo moral a lo legal», expresó.
Suazo consideró que los principios incorporados en la nueva legislación fortalecen la protección de la dignidad humana y propuso ampliar el debate incluyendo, además de médicos y juristas, a pacientes y otros actores de la sociedad.
Los panelistas coincidieron en que uno de los principales retos será fortalecer la formación jurídica del personal sanitario, promover una cultura de documentación clínica rigurosa y desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos que reduzcan la judicialización innecesaria de la relación entre médicos y pacientes.
La actividad, realizada de manera virtual y moderada por la doctora Selma Zapata, presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, reunió a especialistas con el propósito de analizar las implicaciones del nuevo Código Penal desde una perspectiva interdisciplinaria y fomentar un debate sustentado en la bioética, el derecho y la protección de los derechos de los pacientes.
