Cuatro expedientes reclaman más de RD$53 millones en retroactivos y reajustes a favor de exempleados públicos.
Santo Domingo. – Cuatro expedientes judiciales relacionados con el reajuste de pensiones y el pago de diferencias retroactivas podrían avanzar hacia nuevas acciones legales contra funcionarios del Estado, luego de que el abogado Oliver Moisés Batía Burgos notificara formalmente el supuesto incumplimiento de decisiones judiciales que, según afirma, adquirieron carácter definitivo.
Los requerimientos están dirigidos al ministro de Hacienda y Economía, Magín Javier Díaz Domingo, y al director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Juan Rosa. Ambos ocupan actualmente esas funciones, de acuerdo con documentos oficiales del Gobierno.
Batía, representante de cuatro pensionados, explicó que el 1 de octubre de 2026 fueron instrumentados cuatro mandamientos de pago y puesta en mora con apercibimiento de acciones penales y patrimoniales por alegada inejecución de sentencias.
De acuerdo con las liquidaciones incorporadas a los actos, calculadas al 30 de septiembre de 2026, los montos reclamados ascienden a RD$18,610,958.65 para Carlos Jeremías Santana Montás; RD$11,723,895.17 para Leocadio Valentín Lebrón Jiménez; RD$7,519,357.75 para Juan Bautista Moreno Castro; y RD$15,209,422.46 para Manuel Emilio Pérez Suárez.
En conjunto, las cuatro reclamaciones alcanzan RD$53,063,634.03, mientras el abogado sostiene que la deuda continúa aumentando por diferencias que se remontan a diciembre de 2020 y por el interés mensual contemplado en las decisiones que invoca.
Los expedientes
Entre las decisiones citadas figura la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00186, del 26 de marzo de 2026, correspondiente a Santana Montás, así como la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00286, del 25 de abril de 2025, relativa a Moreno Castro. También se identifican decisiones correspondientes a Lebrón Jiménez y Pérez Suárez.
Los documentos suministrados señalan que las decisiones de origen fueron emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, mientras que las actuaciones posteriores mencionadas corresponden a recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
El Tribunal Constitucional también registra distintos procesos en los que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado aparece vinculada a decisiones del Tribunal Superior Administrativo, lo que evidencia que este tipo de controversias forma parte de la litigiosidad existente en materia previsional.
Batía sostiene que sus representados, todos adultos mayores y antiguos servidores públicos, han agotado las vías judiciales para obtener el reconocimiento de los reajustes reclamados. Según el jurista, las nuevas intimaciones conceden un plazo de cinco días hábiles para procurar el cumplimiento de las decisiones.
El abogado advirtió que, vencido ese período sin una respuesta satisfactoria, contempla promover acciones adicionales por el alegado incumplimiento de las sentencias, incluyendo procedimientos de naturaleza penal y patrimonial.
La eventual responsabilidad de los funcionarios señalados, así como la procedencia de cualquier sanción, deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes. Hasta el momento, las afirmaciones sobre el incumplimiento y las consecuencias legales corresponden a la parte reclamante.
Batía insistió en que su actuación busca hacer efectivo lo dispuesto en las decisiones judiciales y que las reclamaciones económicas continuarán acumulándose mientras, según su versión, no se materialicen los pagos ordenados.