La comunidad científica advierte que el fallo del TSA viola el Artículo 16 de la Constitución y podría ser un «ensayo» para desmembrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en beneficio de particulares.
SANTO DOMINGO. – El patrimonio natural de la República Dominicana se encuentra en el centro de una batalla legal y ética. La Comisión de Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias y el Equipo Ambiental de la UASD han alzado su voz en rechazo a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que pretende modificar los límites del Parque Nacional Jaragua para favorecer el desarrollo de un proyecto privado.
Para los científicos y académicos, esta decisión no solo carece de fundamento ambiental, sino que resulta «altamente sospechosa» al alinearse con viejas pretensiones de sectores políticos, empresariales y militares para apropiarse de espacios protegidos de alto valor colectivo en detrimento del interés nacional.
Una violación directa a la Constitución
Las entidades recordaron que la Constitución dominicana, en su Artículo 16, es clara: las áreas protegidas son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. Además, recalcaron la jerarquía legal que protege estos ecosistemas:
- Jerarquía Constitucional: Los límites de estas áreas solo pueden reducirse mediante una ley aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional, algo que una sentencia administrativa no puede suplantar.
- Ley Sectorial 202-04: Establece que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene carácter definitivo e irreducible en su totalidad.
¿Un peligroso precedente para el sistema nacional?
La preocupación de la Academia y la UASD radica en que este fallo pueda constituir un «globo de ensayo». Advierten que desmembrar el Jaragua podría ser el primer paso para una desarticulación progresiva de todo el sistema de parques nacionales del país, amparada en formalidades judiciales.
«Ninguna sentencia puede poner en riesgo el bienestar colectivo para favorecer intereses particulares», enfatizaron las comisiones.
Recordaron que estas zonas proveen servicios vitales como la calidad del aire, suministro de agua, seguridad alimentaria y, fundamentalmente, el escenario natural que sostiene nuestra industria turística.
Esperanza en el Tribunal Constitucional
Finalmente, las instituciones llamaron a la sociedad civil y al Estado a enfrentar cualquier intento de reducción de áreas protegidas que atente contra el futuro del país. Expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional derogue esta sentencia, cerrando definitivamente la puerta a la apropiación de bienes públicos fundamentales por parte de intereses privados.
