La institución asegura que ha emitido 29,100 licencias —no más de 70,000 como se ha denunciado—, defiende la legalidad de sus actuaciones y afirma que algunos operadores comercializan juegos hípicos virtuales sin la autorización correspondiente.
SANTO DOMINGO ESTE. – La Comisión Hípica Nacional (CHN) respondió a las recientes acusaciones formuladas por representantes del sector de bancas deportivas, asegurando que sus actuaciones se encuentran plenamente respaldadas por la legislación vigente y desmintiendo las versiones que atribuyen a la institución la emisión de más de 70,000 licencias para juegos hípicos virtuales.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, complementado con informaciones ofrecidas por su presidente, Francisco Pavonessa Grullón, la entidad sostuvo que el número real de licencias expedidas a lo largo de su historia asciende a 29,100, de más de 60,000 solicitudes recibidas, cifra que —afirma— desmonta las denuncias sobre un supuesto crecimiento descontrolado del sector.
La Comisión explicó que la mayoría de estas autorizaciones corresponden a establecimientos que ya cuentan con licencias otorgadas por el Ministerio de Hacienda, como bancas deportivas y bancas de lotería, por lo que asegura que su política no ha incrementado el número de locales de juegos, sino que ha permitido incorporar actividades previamente informales al sistema de regulación estatal.
Comisión denuncia competencia desleal
En su respuesta, la CHN también elevó el tono frente a las críticas del sector deportivo al revelar que varios operadores de bancas deportivas comercializan actualmente juegos hípicos virtuales sin disponer de la licencia sectorial obligatoria, situación que calificó como una práctica que vulnera el marco regulatorio y genera una ventaja competitiva frente a quienes sí cumplen con los requisitos legales.
La institución recordó que numerosas empresas del propio sector deportivo han solicitado y obtenido licencias para operar productos como simulcasting y juegos hípicos virtuales, por lo que considera contradictorio que algunos representantes cuestionen competencias que previamente han reconocido al gestionar dichas autorizaciones.
Defensa del marco jurídico
La Comisión Hípica Nacional sostuvo que sus facultades para regular las apuestas hípicas están sustentadas en la Ley 463 de 1944, los Reglamentos Hípicos 250-94 y 352-99, contratos tecnológicos implementados desde 2014 y el Decreto 480-19, normas que —según explicó— le confieren la potestad para autorizar agencias hípicas y sistemas de jugadas hípicas virtuales.
Asimismo, indicó que durante los últimos años ha fortalecido sus mecanismos de supervisión mediante registros actualizados, georreferenciación de establecimientos y plataformas tecnológicas que permiten monitorear las operaciones y las apuestas en tiempo real.
Destacan modelo de recaudación
Otro de los puntos defendidos por la institución es el esquema tributario aplicado a las apuestas hípicas virtuales. Según la CHN, este segmento constituye el único dentro de los juegos de azar cuya contribución al Estado se calcula sobre las ventas brutas reales monitoreadas en tiempo real, en lugar de aplicarse mediante tasas fijas, lo que —afirma— ha permitido alcanzar niveles históricos de recaudación para el Tesoro Nacional.
Respaldo a la nueva Ley de Juegos de Azar
La Comisión reiteró su respaldo al proyecto de Ley de Juegos de Azar que actualmente estudia el Congreso Nacional, al considerar que la iniciativa fortalecerá la capacidad del Estado para combatir la ilegalidad, mejorar la fiscalización y reforzar la regulación del sector.
Además, destacó que la propuesta legislativa contempla una moratoria de diez años para la emisión de nuevas licencias, así como el funcionamiento de las agencias en locales cerrados y a una distancia mínima de establecimientos educativos, iglesias y otras agencias, medidas que, a su juicio, contribuirán a un mayor ordenamiento de la actividad.
Finalmente, la Comisión Hípica Nacional reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia, la protección del deporte hípico nacional y la defensa del patrimonio del Estado, insistiendo en que continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
COMUNICADO
