Los abogados del exministro de Hacienda denuncian que se violó el derecho de defensa y que el órgano que elaboró las auditorías entre 2021 y 2024 no fue creado formalmente hasta julio de 2025.
SANTO DOMINGO. – En un giro procesal de alta relevancia, la defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó formalmente al tribunal la exclusión total de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y sus 559 anexos. Los juristas sostienen que estos documentos son nulos de toda nulidad por haber sido «fabricados» al margen de la ley y en violación al artículo 69 de la Constitución.
El abogado Eduardo Núñez afirmó que los reportes, utilizados como pieza clave para las medidas de coerción, carecen de base legal, ya que la supuesta Unidad Antifraude no tenía existencia jurídica durante el periodo en que realizó las investigaciones sobre las expropiaciones.
El argumento del «exceso de poder»
La defensa presentó una cronología que pone en duda la legalidad del proceso administrativo:
- Actuación «de facto»: Entre 2021 y 2024, se realizaron auditorías sin que la Unidad Antifraude existiera legalmente.
- Creación tardía: No fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente dicha unidad mediante el Decreto 382-25.
- Inconstitucionalidad del Decreto: Núñez argumenta que el Decreto 382-25 es inconstitucional, pues el Poder Ejecutivo se arrogó facultades que, según los artículos 74.2 y 112 de la Carta Magna, están reservadas exclusivamente al Poder Legislativo mediante ley orgánica.
“Cuando primero se fabrican informes y años después se crea el órgano que supuestamente los elaboró, queda en evidencia que no estamos ante errores, sino ante actuaciones nulas”, sentenció el jurista.
La tesis de la inocencia: Pagos por ley
Más allá de los vicios procesales, la defensa reiteró que es materialmente imposible que Guerrero haya cometido los delitos imputados, basándose en dos puntos económicos centrales:
- Deudas Históricas: Los pagos por expropiaciones correspondían a obligaciones legales acumuladas, muchas de ellas con décadas de antigüedad y ordenadas por sentencias judiciales firmes. La defensa sostiene que saldar estas deudas no es corrupción, sino cumplimiento de la ley.
- Transacción Interinstitucional: El pago del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para el programa de contratistas nunca salió del Estado. Según los abogados, el monto fue registrado oficialmente como una reducción de la deuda pública.
«Un fraude no se registra»
Para el equipo legal de Donald Guerrero, la narrativa del Ministerio Público se derrumba ante la contabilidad pública oficial. Argumentan que los hechos fueron documentados, publicados y explicados en los informes del propio Estado, lo que contradice la naturaleza oculta de cualquier acto de corrupción. Con peritajes y documentos oficiales en mano, la defensa asegura que demostrará ante el país que la gestión en Hacienda fue transparente y apegada al ordenamiento jurídico.
