Santo Domingo, R. D. – La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo mediante el cual se establece la emisión obligatoria de la “Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras” para los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.
La medida entrará en vigor el 2 de enero de 2026 y será requisito indispensable para participar en los procesos de licitación pública.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el propósito de esta disposición es garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable.
“Es otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable”, afirmó Sanz Lovatón.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta iniciativa refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública.
“Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.
La obligación está contemplada en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas.
La certificación será emitida por la DGA únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera. En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener el documento sin impedimentos.
Asimismo, los proveedores deberán mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para los proveedores no registrados como contribuyentes, la DGA habilitará un portal de consulta en línea, donde podrá verificarse si un proveedor figura o no como contribuyente aduanero, ingresando su número de cédula o RNC.
La disposición quedó formalizada mediante una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, tanto financieras como no financieras, en la que ambas entidades reiteran la obligatoriedad de cumplir con esta medida en todos los procesos de contratación pública.
El acuerdo forma parte de las políticas de gestión administrativa y fortalecimiento institucional impulsadas por el Poder Ejecutivo, alineadas con las metas nacionales de recaudación, eficiencia y transparencia del Estado dominicano.
