La institución encabezó acciones junto a organismos nacionales e internacionales para fortalecer la respuesta del Estado frente a posibles emergencias climáticas y proteger a los hogares más vulnerables del país.
Santo Domingo. – El Gabinete de Política Social participó en la reunión de la Mesa Técnica de Protección Social Adaptativa, un espacio de articulación entre instituciones públicas y organismos de cooperación orientado a evaluar escenarios de riesgo y definir medidas de preparación frente a la temporada ciclónica 2026.
Durante el encuentro, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, advirtió que los fenómenos climáticos registrados en los primeros meses del año confirman la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta y protección social dirigidos a la población más vulnerable.
Vásquez explicó que la Estrategia Integral de Protección Social Adaptativa (EIPSA) tiene como propósito robustecer la capacidad de las instituciones para responder de manera oportuna y coordinada ante eventos climáticos extremos y otras emergencias que puedan afectar el bienestar de los hogares dominicanos.
“Los desafíos asociados a los fenómenos climáticos extremos nos recuerdan que la protección social debe ser cada vez más adaptativa, preventiva y resiliente”, expresó la funcionaria durante su intervención.
En el marco de la jornada, se presentaron análisis sobre las perspectivas climáticas para 2026, incluyendo los posibles efectos de un evento de alta intensidad de El Niño, así como su impacto potencial sobre comunidades vulnerables y sistemas de protección social.
La Mesa Técnica de Protección Social Adaptativa reunió a representantes del Gabinete de Política Social, Supérate, SIUBEN, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, además de organismos de cooperación y entidades vinculadas al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.
El encuentro permitió avanzar en la coordinación interinstitucional de acciones preventivas y de respuesta, en un contexto marcado por el aumento de la vulnerabilidad climática y la necesidad de contar con una protección social más resiliente, anticipatoria y focalizada en los sectores con mayores niveles de riesgo.
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