La defensa de la estudiante de Odontología, Kimberly Zayas Martínez, demostró que los fondos eran aportes familiares, muy por debajo de los umbrales de lavado de activos.
Santo Domingo, Noviembre de 2025. – El Ministerio Público (MP) ha dejado atrapada en el Caso Calamar a Kimberly Zayas Martínez, una joven estudiante de Odontología de apenas 19 años, incluida en el expediente por recibir simples aportes familiares destinados a cubrir sus gastos universitarios.
Durante la exposición de su defensa material, realizada el pasado jueves, su abogado Carlos Moreno denunció la desproporción de la acusación y la falta de pruebas, resaltando que la única “transacción sospechosa” de la joven fue recibir fondos de su hermano para continuar sus estudios superiores.
Una acusación sin sustento
El abogado Carlos Moreno debilitó la acusación ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, quien conoce la fase preliminar del proceso. Argumentó que la imputación por lavado de activos carece de pruebas y viola la ley, ya que los montos señalados están muy por debajo de los umbrales mínimos establecidos.
“La vida de una joven fue trastocada por transacciones que ni siquiera rozan los parámetros de operación sospechosa, que inician en los US$10,000. Estamos hablando de una acusación formulada sin cumplir la normativa, solo para engrosar un expediente”, expresó Moreno, al denunciar la debilidad alarmante de la postura del Ministerio Público.
El jurista fue enfático al asegurar que en las cuentas de Zayas no existe ningún rastro de ingresos directos vinculados a las fraudulentas cesiones de crédito por pagos de expropiación, uno de los ejes centrales del expediente Calamar.
Detalle de las transacciones
Para evidenciar la falta de relevancia financiera del caso, la defensa presentó las cifras exactas que motivaron la imputación:
- Total en 5 años: RD$675,000
- Promedio mensual: RD$11,250
Los fondos fueron bancarizados y trazables, con conceptos definidos que incluían matrícula, transporte y materiales académicos necesarios para la carrera de Odontología. En su mayoría, se trataba de aportes familiares, operaciones pequeñas de hasta RD$5,000, que —según la defensa— han sido magnificadas al nivel de crimen organizado.
El vínculo familiar como única condena
El motivo real de la inclusión de la joven, según la defensa, sería su vínculo familiar con el imputado Edwin Brito Martínez, su hermano, señalado como autor de cesiones de crédito fraudulentas.
Moreno criticó que se utilice el nombre de una estudiante con fondos de origen comprobado y montos mínimos como estrategia para engrosar un expediente que ya cuenta con 48 imputados.
“Se ha utilizado la vida de una estudiante como peón en una compleja partida legal y sesgada”, afirmó el abogado, quien aseguró que el caso refleja una mala formulación de la acusación por parte del Ministerio Público, al no poder sustentar los supuestos ilícitos.
