Los Estados modernos tienen como razón fundamental, garantizar el bienestar y la protección de su población. El principal compromiso asumido por la administración que inicia el próximo 16 de agosto se centra en eficientizar los recursos que están bajo su administración, elaborando y ejecutando políticas públicas en favor de mejorar y cambiar las condiciones de vida en que se encuentra su población.
Por Margarito Carlos De León
La República Dominicana en la Carta Magna, en su artículo 8, define con meridiana precisión la función esencial del Estado, que se resume en la protección y el respeto de los derechos de las personas, además, en garantizar las condiciones necesarias para que su población pueda tener una vida digna.
Estas condiciones necesarias para el funcionamiento de un Estado moderno. Sufrieron un empantanamiento producto del establecimiento del imperio de la corrupción. Las medidas anunciadas por Luis Abinader de establecer un manejo correcto y austero de los recursos públicos, respeto del marco legal y a la independencia de los poderes públicos. Garantiza el establecimiento de un Estado eficiente, que permitirá responder a las necesidades que tiene la población dominicana.
La corrupción ha sido la causante de la mayoría de los males que aquejan a nuestra nación, donde se destacan grandes escándalos, que han golpeado profundamente la institucionalidad, afectando notablemente la inversión pública y la quiebra de las instituciones públicas. Es imposible olvidar los escándalos de corrupción protagonizados por los incumbentes de las instituciones que serán eliminadas o fusionadas como OISOE, con el suicidio del Arq. David Rodríguez García; la sobrevaluación de Punta Catalina; el crimen de Estado del profesor universitario Yúnior Ramírez; la venta del barrio Los Tres Brazos; el clientelismo en FONPER; el desorden del CEA y el monumental caso de sobornos de Odebrecht.
Este desorden institucional, nacido de la corrupción desmedida, ha generado un abusivo incremento de la Deuda Pública, de acuerdo con el economista Henri Hebrard, ha llegado a la cifra de US$48,208.5 millones en el mes de febrero y ahora representa un 53.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Una de las materias reprobadas por los gobiernos del PLD, es la salud, que, en 16 años de gobiernos, solo han destinado menos del 2 por ciento del PIB, quedando como uno de los países que menos invierten en la región latinoamericana. Esto explica el colapso del sistema de salud ante la pandemia del Covid-19, que encuentra nuestro país sin atención primaria, sin en el personal sanitario necesario y sin los equipos de seguridad que demanda una crisis como esta.
Es una necesidad impostergable del próximo gobierno que encabezará el presidente Luis Abinader, la de asumir con firmeza, el clamor del pueblo de erradicar todos los mecanismos que mantienen el estadio de ineficiencia y que hace disfuncional las instituciones públicas.
Partiendo de esta realidad es que el gobierno del cambio ha decidido apegarse a los principios de la administración pública, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución, que indica: “la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.
Los primeros pasos exhibidos públicamente por el nuevo presidente lanzan una luz de esperanza para la población, pero de igual forma, dan muestras contundentes de compromiso con el fortalecimiento institucional que requiere el país.
La valiente decisión de eliminar instituciones, que históricamente han sido un monumento a la corrupción, como el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), constituye un avance significativo en el orden institucional y trilla el camino hacia el adecentamiento del Estado dominicano.
Estas decisiones tomadas por el presidente Luis Abinader les permitirá ahorrarle al país más de 12 mil millones de pesos al año, los cuales podrán ser reorientados en impulsar mejores políticas públicas en favor de las poblaciones más vulnerables. De igual manera, estas medidas ayudaran a corregir la exagerada cantidad de personas nombradas (más de 4 mil personas) en estas instituciones, que representan una carga presupuestaría de más de mil millones de pesos, para sustentar el clientelismo político del PLD en esas entidades públicas.
El cambio ha iniciado en la transición, los nombramientos en materia de transparencia marcan las pautas de lo que será un gobierno de compromiso ético y apegado al conocimiento técnico, para hacer posible el cumplimiento del marco legal y con ello fortalecer la institucionalidad democrática que tanto anhela la ciudadanía.
