Santo Domingo, Rep. Dom.- En ocasión de celebrarse la Quinta Ronda de Análisis que desarrolla el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la República Dominicana agoto una apretada agenda, durante los días 3, 4 y 5 de abril, con el objetivo de recibir las impresiones y consideraciones de representantes de la sociedad civil y organismos gubernamentales, sobre los escollos y avances del referido mecanismo.
El país forma parte del MESICIC desde el 4 de junio de 2001, representada a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), se trata de un mecanismo vinculante que obliga a la República Dominicana como parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en lo particular como firmante ya ratificado de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a encaminar acciones puntuales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción.
En la visita In Situ de su comité de expertos, se valoraron y discutieron los temas sobre los compromisos del país para establecer paulatinamente los siguientes sistemas, uno para la contratación de funcionarios públicos, otro para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, y un tercer Sistemas para la protección de denunciantes de actos de corrupción, además de la obligación de contemplar y tipificar los Actos de Corrupción en la legislación dominicana.
En la actividad la sociedad civil estuvo representada por Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y Carlos Pimentel de Participación Ciudadana (PC), quienes se refirieron al conjunto de los temas agendados, haciendo críticas en unos casos, valoraciones positivas en otros, así como diversas observaciones y recomendaciones sobre el entorno institucional y las políticas estatales en materia de lucha contra la corrupción.
Potentini reconoció los avances en materia del establecimiento de la ley 41-08, sobre función pública y como punto más luminoso el esquema y estructura lograda con la aplicación de la ley 340-06, sobre compras y contrataciones con el Estado, también destaco la previsión constitucional que proscribe la corrupción administrativa con diversas disposiciones en los artículos 140 y siguientes y la ley de soborno trasnacional.
Asimismo el presidente de Justicia y Transparencia criticó la falta de los tribunales de primera instancia de lo contencioso administrativo en violación al artículo 164 de la constitución y con ello la negación de posibles derechos en los temas referidos a la administración pública.
De igual forma Potentini rechazó y lamento el secuestro de que ha sido objeto el código penal, truncando la posibilidad de prever varios tipos penales en materia de corrupción, también fue tema de critica la falta del reglamento de la ley salarial y la asimetría existente entre sueldos de lujo, que en muchos casos superan el millón de pesos, y salarios miserables que apenas alcanzan si acaso para el transporte, además de las pensiones, fundamentalmente aquellas de órganos constitucionales que luego de concluido el periodo constitucional se van para sus casas con 300 y 400 mil pesos mensuales.
Finalmente la FJT, mostró preocupación por el rumbo y seguimiento de las investigaciones del caso Odebrecht, las compras de urgencia y emergencia fuera de la tramitación ordinaria de la ley y los conflictos de intereses que sobre la contratación con el estado se presentan, recomendando además para el porvenir un ministerio publico independiente, la imprescriptibilidad y la muerte civil por los delitos de corrupción, una ley de lobby o cabildeo y atender el plano municipal y los empleados de áreas especializadas en los atinente al servicio civil y la carrera administrativa.
