República Dominicana. El Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH) consideró hoy que la Cámara de Diputados -atendiendo al Artículo 95 de la Constitución- debe interpelar al alcalde de Santo Domingo Oeste para que explique si la inversión de más de 1 millón de pesos en la compra de la réplica de la Torre Eiffel fue aprobada por la Sala Capitular de ese ayuntamiento, si se cumplió con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y qué beneficios obtendrán los residentes en ese municipio de la provincia Santo Domingo.
Además entiende la entidad, que el alcalde Francisco Peña ofende el espíritu patriótico de la Plaza de la Bandera y de la Tumba al Soldado Desconocido que adquirió la connotación de “monumento sagrado” tras su reinauguración el 14 de febrero de 1997 a intención del Ministerio de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP). “Un alcalde no puede disponer de esa zona para este tipo de cosas porque ahí se rinde tributo a la bandera dominicana y al Soldado Desconocido que son monumentos erigidos por las naciones para honrar a los soldados que murieron en tiempos de guerras sin ser identificados. Francisco Peña tiene que reconocer que eso es inaceptable”, sostuvo el BDDH.
Afirmó el BDDH que la primera reacción negativa es posible que la tuviera la legación diplomática de Francia en este país porque no es humano gastar un millón de pesos de esa manera a sabiendas de las necesidades que tienen miles de dominicanos que perdieron sus pertenencias durante las inundaciones provocadas por las lluvias recientes. “Esa actitud demuestra insensibilidad y poca visión de desarrollo porque era más humano gastar ese dinero en medicinas para donarlas al Hospital Municipal de Engombe o para el Regional Marcelino Vélez ubicados en Santo Domingo Oeste”, explicó.
Para el BDDH es “preocupante” que regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste se enteraran de la situación cuando estaba instala la réplica porque todas las decisiones de los cabildos se adoptan a través del voto de los regidores en la Sala Capitular. “Esto indica que los regidores de ese ayuntamiento no están cumpliendo con sus funciones de fiscalizar la gestión municipal para evitar los excesos que pudiera comete el alcalde y, velar para que se cumpla con el buen manejo de los recursos que administra el ayuntamiento”, recordó.
“Además es pertinente que a la sociedad se le informe si se cumplió con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación 543-12, y cuál procedimiento se utilizó; licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios o subasta a la inversa”, solicitó el BDDH mediante nota informativa enviada a los medios de comunicación.
Por Tito Valenzuela
