El programa busca fortalecer competencias técnicas ante la entrada en vigencia de la Ley 47-25 y elevar la calidad del acceso a la información en el Estado.
Santo Domingo. En un escenario donde la transparencia pública exige mayor precisión, dominio técnico y capacidad de respuesta, los Responsables de Acceso a la Información (RAI) asumen un rol cada vez más estratégico dentro de las instituciones del Estado. Ante esta realidad, CEF.- Santo Domingo, con el aval de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), presentó un Curso Especializado en Contrataciones Públicas, enfocado en fortalecer las competencias de estos servidores públicos.
La iniciativa surge como respuesta a la implementación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una normativa que moderniza el sistema dominicano con un enfoque en transparencia, digitalización, control y rendición de cuentas. En este contexto, ya no basta con gestionar solicitudes de información: los RAI deben comprender a profundidad la estructura, lógica jurídica y operativa de los procesos de contratación estatal.
El programa académico aborda aspectos clave como el ciclo completo de la contratación pública, desde la planificación y elaboración de pliegos hasta la adjudicación, ejecución y supervisión de contratos. Además, profundiza en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), herramienta esencial para garantizar la trazabilidad, acceso y verificación de la información.
La rectora de CEF.- Santo Domingo, Patricia Portela, destacó que esta formación impulsa no solo el desarrollo profesional, sino también una cultura institucional basada en la responsabilidad y la confianza ciudadana. En ese sentido, el curso también enfatiza la correcta gestión del expediente administrativo, la identificación de información pública, reservada o confidencial, y la importancia de responder con criterio legal y técnico.
Con esta propuesta, se busca elevar el nivel de preparación de los RAI frente a un marco normativo más exigente, asegurando que el acceso a la información pública sea cada vez más oportuno, confiable y alineado con los principios de buen gobierno.
