Aseguran que los nuevos requisitos afectan la fluidez de los procesos y provocan retrasos que perjudican directamente a los ciudadanos
Santo Domingo. – Traductores legales e intérpretes judiciales advirtieron sobre la implementación de nuevas medidas administrativas en la Procuraduría General de la República (PGR) que, a su juicio, entorpecen el dinamismo y la capacidad de respuesta en los procesos de legalización de documentos, generando retrasos significativos que afectan a miles de usuarios en todo el país.
Los profesionales Alberto Gómez y Luis Manuel Pérez Guzmán, representantes de reconocidas empresas de traducciones legales, denunciaron que las disposiciones recientes irrumpen con la fluidez que requieren los ciudadanos para completar trámites personales, académicos, migratorios y legales, tanto a nivel nacional como internacional.
En ese sentido, hicieron un llamado directo a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que revise la situación y tome carta en el asunto, reiterando que el objetivo del sector es que la medida sea revertida, a fin de que los traductores legales e intérpretes judiciales puedan seguir brindando un servicio ágil, eficiente y de calidad a la población.
Los denunciantes explicaron que entre los nuevos requisitos figura la obligatoriedad de presentar pasaportes o documentos de identidad de las personas que aparecen en los documentos a traducir y legalizar, una exigencia que, según afirman, no está contemplada en ninguna ley vigente y ha provocado cuellos de botella y retrasos innecesarios.
“Esta medida no está amparada bajo ninguna ley que la sustente. El rol del Departamento de Legalizaciones de la Procuraduría es certificar las firmas tanto de los traductores legales como de los notarios; para eso es que están legalmente facultados”, enfatizó Alberto Gómez, director de Tralega Traducciones Legales.
Gómez agregó que la disposición fue implementada de manera abrupta y sin previo aviso, afectando tanto a los profesionales del área como a los miles de ciudadanos que diariamente dependen de estos servicios. “Hemos querido alzar la voz en nombre de los usuarios y de todos los traductores legales que hoy se ven limitados para cumplir oportunamente con su labor”, afirmó.
Por su parte, Luis Manuel Pérez Guzmán, director de Dragoman Traducciones, sostuvo que la situación ha generado malestar generalizado. “Esta medida ha causado mucho revuelo y disgusto en la población que necesita sus documentos legalizados a tiempo para cumplir plazos académicos, procesos migratorios y compromisos legales”, indicó.
Ambos profesionales, con más de 20 años de ejercicio en el área, explicaron que las traducciones legales abarcan documentos esenciales como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como documentos judiciales y académicos, indispensables para estudios, procesos consulares y trámites oficiales dentro y fuera del país.
“Además de ofrecer un servicio de calidad, en cada solicitud orientamos a los clientes para que puedan resolver sus diligencias de manera efectiva. Realizamos nuestro trabajo por vocación, conscientes de que el más grato honor que puede tener un ser humano es servir en el momento indicado”, expresaron Gómez y Pérez Guzmán.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo institucional y confiaron en que las autoridades competentes escucharán el llamado del sector, en beneficio de la eficiencia administrativa y del derecho de los ciudadanos a recibir servicios oportunos y adecuados.
