La empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) de desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en 2018, que ordena la prohibición de la exportación de baterías ácido-plomo usadas (BAPU), clasificadas como desechos peligrosos.
La denuncia fue realizada por José Antonio Rodríguez, presidente de VERI, quien destacó que hace cinco años el tribunal ordenó al Ministerio de Medio Ambiente emitir, en un plazo máximo de tres meses, el reglamento que prohíba la exportación de estos desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sus artículos 80, 104 y 105.
Rodríguez explicó que VERI es una empresa certificada para el manejo responsable de las BAPU dentro de las directrices técnicas del Convenio de Basilea y que cuenta con la capacidad y la tecnología adecuada, como lo exige el convenio y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin embargo, denunció que estos desechos están siendo manejados en diferentes puntos del país sin cumplir con los requisitos para la protección del medio ambiente, lo que pone en riesgo la salud de la población.
El presidente de VERI afirmó que los permisos ilegales otorgados, sin importar el tratamiento adecuado de estos desechos peligrosos, son perjudiciales para el medio ambiente y la salud de la población y van en contra de la Ley 64-00 y el Convenio de Basilea.
Rodríguez destacó que el Convenio de Basilea fue ratificado por el Congreso en marzo de 2000 y, ese mismo año en agosto, se aprobó la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece que, si el país tiene la capacidad para procesar estos desechos, debe hacerlo dentro de su territorio y evitar los movimientos transfronterizos que generan riesgos. Esto motivó a Grupo METEORO a realizar una importante inversión en una planta de reciclaje de última tecnología, que opera desde 2012.
Rodríguez denunció que el Ministerio de Medio Ambiente elaboró un reglamento que viola el Convenio de Basilea, la Ley 64-00 y la propia sentencia del Tribunal Constitucional, lo que llevó a VERI a recurrir al Tribunal Superior Administrativo (TSA), obteniendo ganancia de causa por segunda vez al anularse los puntos que violaban la ley 64-00, el Convenio de Basilea y la sentencia del Tribunal Constitucional.
«Cuando la sentencia del TSA fue emitida en febrero de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2022, por tercera vez se declaró inadmisible el recurso de casación, reconociéndole a VERI, amparada en la ley, el derecho al manejo responsable de estos desechos», explicó Rodríguez.
El empresario aseguró que VERI es la única planta de reciclaje de baterías usadas (BAPU) en el Caribe con tecnología VERDE, certificada por las autoridades regionales del Convenio de Basilea para Centroamérica, México y El Caribe, así como por el ILMC (International Lead Management Center), con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente para el manejo responsable y sostenible de estos desechos.
