La entidad plantea modificar varios artículos de la Ley 74-25 para diferenciar la negligencia grave de los riesgos inherentes a la práctica médica y solicita una prórroga de seis meses para su entrada en vigor
Santo Domingo. – La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) propuso mantener la seguridad jurídica del acto médico dentro del nuevo Código Penal, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de la medicina.
La propuesta fue depositada ante la Cámara de Diputados, donde los directivos aclararon que la iniciativa no busca privilegios ni impunidad para los profesionales de la salud, sino establecer un marco legal que distinga con claridad las responsabilidades derivadas del ejercicio médico.
Entre los principales planteamientos figura la solicitud de una prórroga de seis meses para la entrada en vigencia de la Ley 74-25, prevista para el próximo 3 de agosto, a fin de abrir un espacio de discusión técnica que permita revisar los aspectos que impactan el ejercicio de las profesiones médicas.
Asimismo, proponen incorporar disposiciones que establezcan expresamente que la responsabilidad penal de los profesionales de la medicina solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente comprobada, reservando para las jurisdicciones civil, administrativa y ética aquellos casos relacionados con errores involuntarios o riesgos inherentes al acto médico.

Buscan mayor certeza jurídica para el ejercicio médico
Las modificaciones planteadas persiguen que la normativa distinga de manera precisa el ejercicio profesional realizado conforme a la lex artis o estándares médicos aceptados, de aquellas actuaciones dolosas, fraudulentas o gravemente culposas que sí deben ser sancionadas por la legislación penal.
El doctor Luis Restituyo, presidente electo del Colegio Dominicano de Cirujanos y quien encabezó la comisión que presentó la propuesta, advirtió que varios artículos de la Ley 74-25 podrían generar incertidumbre jurídica al no diferenciar adecuadamente entre un resultado adverso propio de la práctica médica, un error involuntario y una conducta dolosa.
«Esa situación podría incentivar el ejercicio de una medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes», afirmó.
Compromiso con pacientes y profesionales
Restituyo reiteró el compromiso de la nueva directiva de trabajar junto al Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas y las autoridades para construir un marco legal moderno que fortalezca la confianza entre médicos y pacientes.
«Estoy convencido de que proteger la vida y los derechos de los pacientes también implica brindar seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvarlas. Ese es el espíritu de esta propuesta y el compromiso que asumimos con la sociedad dominicana», expresó.
La iniciativa fue presentada con el respaldo de los directivos electos, expresidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos y los Maestros de la Cirugía Dominicana.
El documento fue firmado, además de Luis Restituyo, por la doctora Giomania Rodríguez Moya, secretaria electa del CDC; los expresidentes José R. Domínguez Cabral, Rafael Nazario Lora, Darío A. de los Santos, José R. García Domínguez, Erick Pimentel Schaper, José Ramírez Feliz y Leonardo Brito Sánchez.
También respaldaron la propuesta los Maestros de la Cirugía Dominicana Heriberto Rodríguez Bonet, Rafael Estévez Reyes, Manuel Escarraman Meunier, Marcos Núñez Cuervo y Nicolás Rizik Cabral, junto a los doctores Raúl Álvarez Sturla y Eric Olivero Peña.
Las sugerencias jurídicas fueron elaboradas con el apoyo de los médicos y abogados Luis Faringthon Reyes y Alejandro Santana Caraballo.

