Peritaje judicial valida transparencia y origen legítimo del patrimonio de Donald Guerrero

Informe independiente descarta irregularidades financieras y confirma trazabilidad total de ingresos e inversiones

Santo Domingo. Un peritaje contable patrimonial ordenado por el tribunal que conoce el proceso contra tres exministros del pasado Gobierno concluyó que no existen indicios de operaciones sospechosas, irregularidades financieras ni señales de lavado de activos en el patrimonio del exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz.

El informe, elaborado por los peritos designados por el tribunal, Ramón Antonio Perelló y Pedro Urrutia Sangiavanni, analizó el período comprendido entre 2012 y 2023, incluyendo ingresos, bienes, inversiones, cuentas bancarias, préstamos y documentación fiscal tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.

Según el documento, tras evaluar de manera integral toda la información financiera y patrimonial, los expertos determinaron que no identificaron operaciones sospechosas ni movimientos que ameritaran procedimientos adicionales de verificación por lavado de activos. Además, establecieron que cada transacción evaluada cuenta con respaldo documental legítimo y verificable.

La licenciada María del Pilar Zuleta, integrante del equipo legal de Donald Guerrero, explicó que el peritaje confirma que los recursos utilizados y recibidos por el exfuncionario provienen de las actividades comerciales de sus empresas en República Dominicana y Puerto Rico.

El informe también sostiene que el crecimiento patrimonial de Guerrero es coherente con su trayectoria empresarial, su rol como accionista y presidente de diversas compañías, así como con su desempeño profesional y público durante más de tres décadas.

Queda acreditada la transparencia y legitimidad del patrimonio de Donald Guerrero, cuyos ingresos y activos se corresponden plenamente con su actividad empresarial y profesional”, afirmó Zuleta.

El peritaje fue realizado bajo mandato judicial y sustentado en documentos oficiales, registros contables, estados financieros y certificaciones fiscales emitidas en ambas jurisdicciones.